El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales, presentado por un asociado de Uber Panamá contra el Decreto Ejecutivo 331 de 31 de octubre de 2017, que establece regulaciones a las empresas que presten el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas.
Fuentes de la Corte revelaron que durante la sesión ordinaria del pleno celebrada ayer, los magistrados decidieron no admitir el amparo por considerar que este debería ser presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que es la vía correcta para resolver este conflicto, ya que el Decreto Ejecutivo 331 de octubre de 2017 no ocasiona lesiones a derechos fundamentales de una persona o a un grupo de personas, y solo se trata de una regulación de carácter administrativo.
El citado decreto crea un servicio de transporte de lujo, ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones denominado TIC, y establece que los vehículos que formen parte de este deberán estar registrados en un listado, al tiempo que el cobro del servicio solo se haría a través de tarjetas de crédito.
Este diario contactó a voceros de Uber Panamá para obtener su versión sobre la decisión de la Corte, pero informaron que no harán comentarios hasta contactar a su equipo legal.
Víctor Martínez, abogado de la Cámara Provincial de Transporte, dijo que el amparo presentado contra el decreto ejecutivo solo buscaba ganar tiempo para mantener las operaciones de Uber sin un marco legal.