La corte suprema de Brasil suspendió ayer miércoles una orden de traslado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de su celda en la Policía Federal en Curitiba (sur) a una cárcel común de Sao Paulo, en una jornada que reavivó los pedidos de revisión de su caso.
Por 10 votos contra uno, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió mantener al líder histórico de la izquierda en la sala de la sede policial de Curitiba hasta analizar si el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, fue parcial al condenarlo por corrupción.
Una magistrada regional había ordenado por la mañana el traslado, atendiendo un pedido de la policía que alega diversos trastornos ocasionados por la custodia de Lula debido a la aglomeración de sus partidarios y adversarios en los alrededores de su lugar de reclusión y a las numerosas visitas de personalidades brasileñas y extranjeras que recibe.
El exmandatario (2003-2010), de 73 años, debía ser transferido de Curitiba -donde purga una pena de casi 9 años de cárcel- a la Penitenciaria II de Tremembé, a unos 150 kilómetros de la capital de Sao Paulo (sudeste).
La jueza explicó que la decisión buscaba “reducir los costos humanos y financieros inherentes a la custodia” y “proporcionarle [a Lula] mejores condiciones de resocialización”, en un establecimiento “cerca de su medio social y familiar”.
Pero los abogados de Lula enviaron un pedido urgente para que el STF suspendiera la operación, alegando que si las autoridades no pueden custodiarlo donde se encuentra, deberían concederle la “libertad plena” y no “colocarlo en una situación de mayor vulnerabilidad jurídica y personal”.