El gobierno del presidente electo, Laurentino Cortizo, deberá homologar los dos acuerdos de solución amistosa alcanzados entre el Estado y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi) y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa-HG).
Los acuerdos fueron suscritos en actos separados, en los cuales las autoridades se comprometieron a reconocer la desaparición forzada de, al menos, 109 personas durante la dictadura militar (1968- 1989).
El primer acuerdo se firmó con Cofadechi, el pasado 24 de mayo, y alcanza a familiares de 15 víctimas. El segundo fue firmado casi un mes después, el 21 de junio, con Cofadepa-HG, por la desaparición de 13 personas.
Maritza Maestre, vocera de Cofadepa-HG, explicó que el Estado se comprometió a efectuar un acto de reconocimiento de responsabilidad, a la elaboración de una memoria histórica y a la investigación y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas. Asimismo, acordó erigir un monumento en memoria de los desaparecidos y a efectuar una compensación económica.
Como parte del acuerdo, el Estado también se comprometió a incluir dentro del currículo de secundaria los hechos ocurridos, de forma que los jóvenes puedan conocer sobre ese momento histórico.
Maestre recalcó que si bien lo pactado es un avance en el reconocimiento del derecho de las víctimas, aún se requiere que el Estado cumpla con ello.
En sendos comunicados del 24 y 28 de junio pasados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció su decisión de avalar los acuerdos de solución amistosa e incluirlos en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, informó que supervisará su implementación hasta su total cumplimiento.
La CIDH felicitó al Estado y a los peticionarios por sus esfuerzos para alcanzar este resultado.