La Fiscalía General de Costa Rica confirmó que planteó una acusación contra el expresidente Óscar Arias por el delito de prevaricato en relación al caso de la mina de oro a cielo abierto Crucitas.
Arias gobernó entre 1986 y 1990, y después entre 2006 y 2010, y el delito por el que se le señala es cometido por quien, en virtud de un cargo público, toma una decisión arbitraria contraria a la ley.
El caso se remonta a la segunda administración de Arias, durante la cual se firmó un decreto que declaró de “interés público y conveniencia nacional” el proyecto minero propiedad de la empresa Industrias Infinito (subsidiaria entonces de la canadiense Vanessa Ventures) en la zona norte del país, a 15 kilómetros de la frontera con Nicaragua.
La declaratoria permitía, entre otras cosas, cambios de uso de suelo, tala de árboles vedados y la suspensión de la moratoria a la explotación de oro que existía desde el gobierno anterior de Abel Pacheco (2002- 2006).
Sin embargo, un tribunal costarricense declaró en 2010 que los permisos para el funcionamiento de esta mina se dieron de forma ilegal y recomendó la investigación contra varios funcionarios, incluido Arias.
En Costa Rica el caso es popularmente conocido como “Crucitas”.
El juicio por la mina halló daño ambiental y en 2015 lo cuantificó en $6.4 millones de dólares por la tala de árboles que preparaba el terreno para iniciar los trabajos. La mina como tal no se desarrolló, pero se taló la vegetación, que incluía especies de árboles vedadas por ley, como el almendro amarillo. Para dar seguimiento a la acusación planteada por la fiscalía, la Procuraduría tendrá 13 días para formalizarla.