Dos días después que las autoridades anunciaran que el Consorcio Transporte Masivo de Panamá (Mi Bus) “se va retirar” y que el Estado “asumirá el sistema Metro Bus”, no se ha definido cuál será el mecanismo ni el costo que tendrá que asumir el Gobierno.
Otro tema sin concretar en la mesa de negociación, integrada por el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y representantes de Mi Bus, es la fecha y tiempo que durará la transición.
En ese sentido, Henríquez explicó que las conversaciones continúan y que, posteriormente, se definirá lo que durará este proceso.
Respecto al costo de la indemnización, el titular de Gobierno señaló que el Estado contratará a un banco de inversión y a asesores técnicos para definir un valor neto que sea aceptable para las partes en conflicto.
Entre el Estado y la empresa Mi Bus existe el contrato No. 21-2010, firmado el 5 de agosto de 2010, que otorgó por 15 años la concesión administrativa del sistema de transporte en Panamá y San Miguelito.
De hecho, el documento establece las formas de romper las relaciones contractuales. Las dos figuras que podrían aplicarse en este momento son el incumplimiento de contrato o el rescate administrativo.
El abogado Víctor Martínez advirtió que, de ejecutarse la figura del rescate, el Estado tendrá que pagar millones de dólares. No obstante, consideró que hay suficientes pruebas para usar la fianza por incumplimiento de contrato, valorada en $46.2 millones.
La figura del rescate administrativo está basada en la Ley No. 22 de junio 2006 sobre contrataciones públicas, que estipula que “el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa”.
Entre los aspectos a tomar en cuenta para fijar el monto de compensación serán los flujos de caja estimados para el remanente del contrato, las inversiones hechas, los bienes depreciados, los compromisos adquiridos, entre otros.
También, la adenda No. 2 refrendada por la contralora general de la República, Gioconda de Bianchini, creó un fondo de estabilidad financiera o fideicomiso para el financiamiento del proyecto Metro Bus, por $246.8 millones.
Esperanza Mena, presidenta de la Fundación para la Protección del Usuario, ve con buenos ojos la salida de Mi Bus, pero advirtió a las autoridades que se deben corregir los errores, de lo contrario, se tendrá un resultado desastroso.
Mena solicitó a la Defensoría del Pueblo elegir a los cuatro representantes de los usuarios para la junta directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para que puedan decidir sobre este tema.
Por su parte, los trabajadores de Mi Bus están en zozobra por sus puestos de trabajo. Justo ayer, el ministro de Gobierno se reunió con los colaboradores de Mi Bus en el patio de Los Pueblos con la finalidad de garantizarles su estabilidad.
“No habrá reducción, sino aumento de personal”, prometió el funcionario.
En tanto, el gerente de Mi Bus, Luis Villegas, emitió un comunicado interno explicando a sus colaboradores que las conversaciones continúan con el Gobierno, a fin de lograr acuerdos favorables.
Resaltó que como empleador responsable buscará que ni la operación ni sus trabajadores se vean afectados.
Mientras que Jorge Ricardo Fábrega, exministro de Gobierno y quien en su momento firmó el contrato de concesión cuando estuvo al frente de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ignora los términos de las actuales negociaciones entre el Estado y Mi Bus; sin embargo, espera que no se dé un retroceso en el esfuerzo por sacar a los “diablos rojos” del sistema.
Reconoció que existe un problema de transporte, por lo que comparte la inquietud de las actuales autoridades.