La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional, creó una subcomisión que tiene como misión investigar un supuesto caso de acoso sexual en el que se menciona al defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
El anuncio lo hizo ayer Corina Cano, diputada del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), quien forma parte de esa subcomisión.
Explicó que a la comisión llegó una nota del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratadas (CAMM), que hace referencia al caso.
La nota, según conoció este medio, llegó a la comisión el pasado 7 de agosto, aunque fue el 18 de julio –20 días antes– cuando el CAMM atendió a una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que alegó “haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del Defensor del Pueblo y que esta situación la viven varias funcionarias de dicha institución desde que el defensor asumió el cargo”.
Designación
Se afirma en la nota que, dado el impacto psicológico que tiene una situación de esa naturaleza, y por la necesidad de proteger su derecho al trabajo, y atendiendo a su derecho a la privacidad, la funcionaria “no se atreve a hacer pública esta situación, pero que ya es insostenible el problema”.
Cano manifestó que recabarán la información correspondiente, con aportes de la afectada y otras dos personas.
En la subcomisión también participan la diputada Alina González, del Partido Revolucionario Democrático, y el independiente Juan Diego Vásquez.
Este medio llamó ayer, en reiteradas ocasiones, al celular del defensor y le dejó mensajes de texto, pero no respondió.
Al final del día, a través de Twitter, la entidad divulgó un comunicado en el que Castillero Hoyos –designado por la Asamblea el 30 de marzo de 2016– rechazó “las temerarias e infundadas acusaciones”, y dijo que no es la primera vez que se recurre a estos métodos para descalificar la labor que viene haciendo la entidad.
Una vez recabe la información, la subcomisión entregará un informe, en el cual constará la opinión de Castillero Hoyos; y a partir de allí se decidirá si el caso se remite o no a la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a este funcionario.
Esta no es la primera vez que se denuncia a un defensor del Pueblo. En 2006, el entonces defensor del Pueblo Liborio García fue destituido, tras una denuncia que interpusiera su esposa por maltrato doméstico.
En 2013, Patria Portugal fue separada del cargo por “negligencia notoria”, tras escándalos de despilfarro de fondos.
Esta nota fue modificada el miércoles 21 de agosto de 2019, a las 9:15 a.m. En su texto original se informó que la designación del defensor del Pueblo es por un periodo de 10 años; lo correcto es 5 años.
