El proyecto de ley 230, que modifica la Ley 9 de 1994, la cual establece y regula la carrera administrativa, fue aprobado finalmente el pasado miércoles 12 de abril, luego de haber estado estancado en la Asamblea Nacional (AN) por casi dos años.
La iniciativa, que busca modernizar el sistema de recursos humanos del Estado, había sido presentada en agosto de 2015 por el Ejecutivo.
La norma, compuesta por 46 artículos organizados a través de 9 capítulos, obliga, entre otras cosas, a crear un organismo colegiado denominado Tribunal Administrativo de la Función Pública, como un ente independiente integrado por tres magistrados con sus respectivos suplentes. Este iniciará su funcionamiento a partir del 2 de julio del próximo año.
Dicho tribunal tendrá competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas a servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución Política o la ley.
Asimismo, será competente para resolver las apelaciones contra las resoluciones que dispongan destituciones; ordenar reintegros o pago de indemnizaciones en caso de fallo favorable al servidor público, estableciendo el término para ello; y ordenar el pago de salarios caídos en los casos que corresponda.
Dos magistrados serán nombrados por el Ejecutivo y uno por el Legislativo para un periodo de cinco años. Los que sean nombrados por el Ejecutivo serán ratificados por la AN, mientras que uno de los dos magistrados nombrados por el Ejecutivo será escogido por concurso y el otro será designado de una terna presentada por organizaciones sindicales, como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente.
La norma establece, además, que los procedimientos ordinarios de ingresos se llevarán a cabo por convocatorias públicas.
Por otra parte, la ley también pacta aprobar el pago de prima de antigüedad por la desvinculación del Estado de un servidor público, como un derecho adquirido, independientemente de su causa.
La ley especifica que esta bonificación será calculada tomando en cuenta los años laborados, desde la adquisición del estatus hasta el último sueldo devengado.
‘JUSTICIA PARA 22 MIL TRABAJADORES'
David Montenegro, director general de la Carrera Administrativa, opinó que “urgía” la aprobación de esta ley, ya que unos 22 mil servidores públicos fueron afectados por las desacreditaciones derivadas de la Ley 42 de 2009.
Esta ley en mención fue aprobada el 30 de julio de 2009 por la AN y sancionada por el expresidente Ricardo Martinelli.
En enero del año pasado, 10 artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Estos establecían, por ejemplo, prohibir a los jubilados y pensionados gozar del estatus de funcionario de carrera administrativa.
El artículo 137-A del nuevo proyecto indica que “todo servidor público que perdió su acreditación como servidor público de carrera administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 43 de 2009 y continúa ejerciendo funciones, será acreditado automáticamente en la posición que esté ejerciendo, siempre que se encuentre laborando en el mismo cargo en el que fue incorporado a la carrera administrativa”.
Para Montenegro, también es primordial solucionar el estatus eventual de estos servidores públicos. “Estos trabajadores no son sujetos de crédito bancario para poder comprarse una casa […] no han podido mejorar su calidad de vida, que es razón principal del derecho al trabajo”, dijo.
Siguiendo esta línea, en la ley se aprobó que los servidores públicos nombrados a partir del 1 de agosto de 2012 en la Planilla 001, como personal eventual, pasarán a la planilla de permanentes en el sistema de la Contraloría General de la República.
Otro aspecto que mencionó Montenegro fue que gracias a la nueva norma se podrá impulsar la ley general de sueldos.
“Será por primera vez en la historia que se aplique esta iniciativa, homologando salarios, de acuerdo con el cargo, entre otros factores, beneficiando y aportando balance a la gestión de recursos humanos del Estado”, enfatizó.
De hecho, el artículo 26 de la norma acota que el proyecto de ley general de sueldos será presentado a la consideración de la AN a más tardar en la segunda legislatura ordinaria del periodo de sesiones 2017-2018.
El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal, aplaudió que finalmente se decidiera aprobar las modificaciones a la ley administrativa, sin embargo, consideró que se puede hacer más.
“Es un avance, pero aún faltan muchas cosas para mejorar la calidad de los servidores públicos”, dijo el dirigente.