La procuradora, Ana Belfon, reveló ayer que durante su primer año de gestión se ha percatado de la creciente penetración de la delincuencia organizada proveniente del tráfico de drogas en instituciones del Estado y de la vida privada.
“No es extraño que el narcotráfico pueda penetrar las instituciones, ya que ha logrado crear prácticamente una economía paralela”, afirmó.
Con anterioridad, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha señalado la creciente infiltración del narcotráfico en las instituciones e incluso dentro de la actividad política.
Por otro lado, Belfon dijo que su administración ha enfrentado algunas dificultades, entre las que mencionó una deuda de 2 millones de dólares a funcionarios destituidos ilegalmente y 70 mil expedientes de vieja data no tramitados.
Durante su primer acto de rendición de cuentas, Belfon planteó que tras asumir el cargo se enteró del archivo de miles de expedientes de distintas secciones, unidades y divisiones de la extinta Policía Técnica Judicial, sin que se les hubiese dado el trámite correspondiente, de los años 1982 hasta 2003, es decir más de 30 años.
Por esta situación, precisó, se ordenó la instalación de una serie de fiscalías de descargas y dos fiscalías adicionales para evacuar la gran cantidad de expedientes acumulados, que terminó en diciembre pasado.
Así justificó, además, la necesidad de crear un centro de digitalización para mantener archivados dichos documentos.
Explicó que también se encontró cientos de vehículos relacionados con la comisión de hechos delictivos que se encontraban aparcados en sedes de instituciones y policiales, algunos en muy mal estado, constituyendo un problema inclusive para la salud pública, por lo que tomó la decisión de trasladarlos a un lugar adecuado.
No obstante, la funcionaria planteó que es necesario dotar a las organizaciones encargadas de administrar justicia de mayores recursos para afrontar sus creciente retos.