La Comisión de Justicia y Paz, en calidad de ente observador de las elecciones del próximo 4 de mayo, detectó que el actual proceso electoral está desequilibrado, principalmente en la presencia de los candidatos en los medios de comunicación. Así consta en el primer informe de esta agrupación de la sociedad civil sobre las elecciones, correspondiente a junio y diciembre de 2013. Sostiene, por ejemplo, que la propaganda a favor de los candidatos gubernamentales rota en mayor proporción en relación con las de los representantes de la oposición.
“Lo vemos en el bombardeo de cuñas televisivas y en la participación del candidato oficialista en actos del Gobierno, lo cual está expresamente prohibido. Esas conductas son ilegítimas y atentan contra la democracia, pero se siguen dando”, afirmó José Aranda, representante del Colegio Nacional de Abogados en el mencionado organismo.
Para el jurista, esta práctica transgrede la Constitución Política. Basa su argumento en el artículo 136 de la carta magna que establece que: “Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe: el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados para tal fin”.
POCA TRANSPARENCIA
Por otro lado, indicaron que no existe una apertura a la información sobre el financiamiento privado de las campañas electorales. Esto, argumentaron, puede generar dudas en la sociedad sobre los orígenes de estos recursos y abrir espacios para la posible influencia de organizaciones y recursos ilegales.
Sobre este punto, Carlos Gasnell, representante de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, cuestionó que, mientras que para abrir una cuenta de banco hay una serie de procesos complicados, para financiar campañas electorales haya ausencia de estos controles.
Recordó que los ciudadanos exigieron a través de las reformas electorales conocer el origen de las donaciones privadas, pero la propuesta fue rechazada en la Asamblea Nacional.
El informe destaca también que la contienda ha empezado teñida de ataques personales y con “campaña sucia”, muy poco debate sobre propuestas de solución a los problemas de los panameños.
Y resaltan que preocupa la emisión de la resolución del 31 de octubre de 2013, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que dejaba sin efecto una decisión exclusiva y privativa del Tribunal Electoral.
REZAGOS
Además, se plantea que, aunque ven con buenos ojos la inclusión de una reglamentación sobre la participación de las mujeres en las postulaciones a cargos de elección popular, ninguno de los partidos cumplió con la cuota establecida en las disposiciones electorales. Según la norma, el 50% de los postulados en elecciones internas de los partidos políticos debía ser mujeres.
Otro de los puntos que cuestionaron es que todavía no se identifican esfuerzos claros por parte de los partidos políticos para incluir en las postulaciones a afropanameños. También, señalaron, los pocos esfuerzos de los colectivos para la incluir de la temática indígena en sus agendas.
En cuanto a las personas con discapacidad, se advierte que la mayoría de las instalaciones y centros de votación no brinda las facilidades para que ejerzan el voto.
REACCIONES
Desde el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), avalaron el informe. “El hallazgo de la Comisión de Justicia y Paz no descubre la pólvora. Solo comprueba lo que para cualquier televidente resulta obvio y censurable. Ese tipo de desequilibrio, que aprovecha el oficialismo, a saber si financiado con fondos públicos o mal habidos, le permite una ventaja inaceptable en un sistema electoral que no es verdaderamente equitativo”, dijo Eloy Alfaro, de la campaña del candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro.
Por su parte, José Domingo Arias, candidato presidencial del oficialista Cambio Democrático (CD), aunque no opinó directamente ayer sobre el particular, recientemente se refirió al tema del bombardeo publicitario del oficialismo. “Tengo entendido que el canal estatal, dentro de las reglas de juego, hace un sorteo para darle su espacio a todos los partidos políticos para que tengan su participación”, señaló.
EL PAPEL DEL FISCAL
Por otro lado, Maribel Jaén, directora de la Comisión de Justicia y Paz, manifestó que se han observado denuncias que hace la ciudadanía ante la Fiscalía Electoral y todavía no se tienen los resultados de esas investigaciones. “Nos preocupa la inacción del señor fiscal [electoral Eduardo Peñaloza] porque queremos como ciudadanos saber los resultados de las denuncias”, añadió. Jaén dijo que la consecuencia de que el fiscal electoral u otro funcionario no cumpla con lo que establecen las leyes, debilita la institucionalidad del país.
Finalmente hicieron un llamado a las fuerzas políticas y a las autoridades para que respeten el principio de equidad y de competencia electoral justa, para que así los panameños puedan elegir la mejor opción para el país en el torneo general del 4 de mayo.