Organizaciones que defienden el patrimonio natural y activistas cuestionaron ayer las Guías de Buenas Prácticas Ambientales para mejoramiento y rehabilitación de carreteras que aprobó el Ministerio de Ambiente.
Estas guías son un instrumento de evaluación ambiental para proyectos viales de “bajo impacto o riesgo”, que no necesitarían un estudio de impacto ambiental.
Precisamente, esto es lo que le inquieta a los activistas, ya que si bien se trata de proyectos de bajo impacto podrían prestarse para causar daño ambiental si no se cumple con la norma y si no hay fiscalización por parte de las autoridades.
Susana Serracín, representante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, indicó que este instrumento “debilita” la consulta y participación ciudadana.
En tanto, Harley Mitchell hijo, activista y exdirector de Legal de la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente, subrayó que si no hay fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente de nada sirve que se utilicen estos instrumentos o en todo caso un estudio ambiental.
Ambos utilizaron como ejemplo un camino de corta extensión que abrió el Ministerio de Obras Públicas en la provincia de Bocas del Toro este año y que causó daño a la reserva ecológica Bosque Protector Palo Seco.
En el proceso de consulta de las guías participó el Centro de Incidencia Ambiental, organización que calificó como un “retroceso” en la normativa la implementación de este instrumento.
Por su lado, el Ministerio de Ambiente ha planteado que esto solo se aplicará a actividades, obras o proyectos que por su naturaleza, características o ubicación puedan generar impactos ambientales “no significativos” .
En el caso de las vías, explicaron que se trata de carreteras de un kilómetro y en caminos ya intervenidos.
Para esto, los promotores deberán presentar una declaración jurada, comprometiéndose a cumplir con lo establecido en las Guías.