Una resolución que blinda gran parte de la información emanada por la junta directiva de la estatal Tocumen, S.A. ha sonado las alertas de diversos sectores.
Dicha resolución declaró como información de uso restringido todas las actas de la junta directiva utilizando como base el artículo 14 de la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), que establece los parámetros de la información de acceso restringido.
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Ahora Tocumen tiene el camino libre para bloquear por 10 años el acceso a las memorias, notas, correspondencias y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole.
Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), señala que la Ley 6 de 2002 enuncia qué información se considera de acceso restringido y el procedimiento a seguir para darle esa clasificación.
“Sería conveniente que se especifique en cuál numeral del artículo 14 se fundamenta su resolución, ya que no observamos ninguno que contemple el tipo de información que ellos están declarando de acceso restringido. A mi juicio, no tiene fundamento”, comentó Maytín.
Este mismo criterio lo comparte Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien expresa que las excepciones de las que se vale la junta directiva -“secretos comerciales y documentos relacionados con negociaciones comerciales”-, no abarcan las gestiones administrativas del día a día de una entidad del Estado.
La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, recordó que una resolución no está por encima de la ley. “Para luchar contra la corrupción necesitamos más transparencia y no hermetismo”, sentenció.
