El diario Folha de Brasil publicó ayer en su página web que Panamá se ha convertido en un obstáculo en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público de ese país por la presunta operación del pago de coimas de parte de la empresa Odebrecht.
Panamá, dice el diario, solo ha respondido parcialmente una solicitud de información tramitada a principios de 2015, lo que ha llevado a los fiscales a considerar este país como el más problemático entre las 28 solicitudes de cooperación internacional negociadas para desentrañar las presuntas maniobras ilegales investigadas en la operación Lava Jato.
El diario añade que, según documentos obtenidos por el Ministerio Público Federal, en Panamá están, por ejemplo, las sedes de empresas offshore conectadas a los investigados, como el exdirector de la Petrobras Jorge Luiz Celada, y cuentas bancarias que serían usadas por la empresa para pagar coimas, cosa que niega Odebrecht.
, hace unas semanas, recibió respuesta del Ministerio Público de Panamá sobre una solicitud formal de información. En ella, la Procuraduría decía que no podía responder –en razón del secreto sumarial– a la pregunta si Panamá había respondido completamente la petición de información que enviaron fiscales brasileños a principios de 2015.
Las autoridades brasileñas solicitaron información a Panamá sobre los movimientos bancarios de fondos que habrían sido transferidos desde empresas vinculadas a Odebrecht a una sociedad panameña –Constructora Internacional del Sur, S.A.–, en cuentas bancarias a donde habrían ido a recalar unos 50 millones de dólares, de los cuales solo se conoce el paradero de una fracción de estos fondos, enviados a cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios eran ejecutivos de Petrobras.
El secretario general de la procuraduría, Rolando Rodríguez Cedeño, indicó a este medio que “no hemos recibido ninguna comunicación oficial de la Procuraduría General de la República de Brasil en la cual se haya hecho tal afirmación”, refiriéndose a que Panamá es considerado el país más problemático en el tema de la cooperación judicial.
El funcionario recuerda que en las asistencias penales internacionales rige el principio de confidencialidad, y que la Ley de Transparencia califica esta información como de acceso restringido por tratarse de un proceso judicial, por lo que no pueden comentar nada sobre ello.