La tensión fue notable en el salón de eventos del Tribunal Electoral (TE), donde se celebró la audiencia en el proceso de impugnación de la proclamación de Omar Castillo como diputado de Cambio Democrático (CD), del circuito 2-1 (Penonomé), en la provincia de Coclé.
Una barrera dividía a los partidarios de Castillo de los seguidores del impugnante y exdiputado panameñista Jorge Iván Arrocha, que aplaudían, murmuraban o se burlaban, a medida que los abogados de los contendientes hacían uso de la palabra.
En varias ocasiones, el magistrado ponente, Eduardo Valdés Escoffery, tuvo que interrumpir la audiencia para silenciar al público. Incluso, advirtió de que podía echarlos de la sala.
El primero en lanzar la ofensiva fue Olmedo Arrocha, abogado del exdiputado panameñista, que presentó tres testigos. Pedro Ramírez fue el primero.
Todo indicaba que solo debía ratificarse de una declaración notarial previa, en la que afirmó que Castillo le ofreció materiales de construcción, dinero y bolsas con comida a cambio de su voto.
Al ser repreguntado de forma conjunta por Hugo y Holanda Polo, abogados de Castillo, alegó que tenía problemas de presión alta y fue retirado del recinto en silla de ruedas. Horas después, se le permitió terminar su declaración.
Los imprevistos no acabaron allí, ya que la testigo Miriam Escobar no reconoció a Castillo cuando se le pidió que lo distinguiera entre el público.
Luego, al pedirle que reconociera entre los asistentes a algún colaborador de Castillo que hubiera repartido regalos en su nombre, señaló a René Sánchez, líder juvenil de la campaña del impugnado.
La sorpresa fue que Sánchez se encontraba sentado entre los invitados de la defensa. Alejandro Pérez , abogado del partido Cambio Democrático, que postuló a Castillo, exclamó airado que Sánchez no había sido invitado a la audiencia.
Sánchez, tildado de “testigo infiltrado”, reconoció, a requerimiento hecho por el magistrado Valdés Escoffery, la entrega de miles de bolsas con comida por tres meses a favor de Castillo.
El fiscal electoral Diego Velásquez, calificado por el abogado Arrocha como “colega” de la parte impugnada, indicó que la acusación contra Castillo no fue probada.
El informe de auditoría del TE, que en casos anteriores fue determinante en la anulación de elecciones, no vinculó de manera directa a Castillo en el uso ilegal de recursos públicos.
No obstante, Arrocha, en su alegato, mostró documentos autenticados de traslados de partidas para mejoras en el distrito de San Miguelito por un millón de dólares, pagados en cheques a electores de Penonomé.
Arrocha atribuye el ilícito a Castillo, quien fuera viceministro de Finanzas en el gobierno de Ricardo Martinelli.