Cuba y la Unión Europea (UE) firmaron ayer en La Habana un acuerdo que busca normalizar plenamente sus relaciones, salpicadas durante años por diferencias en torno a derechos humanos, días antes de la histórica visita que realizará a la isla el presidente Barack Obama.
Tras casi dos años de intensas negociaciones, el convenio de cooperación y diálogo político fue suscrito por Christian Leffler, responsable de la parte europea, y el vicecanciller cubano Abelardo Moreno, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana.
Al acto también asistieron la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Cuba era el único país de América Latina que carecía de un acuerdo de diálogo político con la UE.
En abril de 2014 el bloque comunitario inició las negociaciones con el ánimo de dejar atrás la Posición Común europea de 1996, que condiciona la cooperación a avances en derechos humanos en la isla comunista.
“Este acuerdo marca el final de la Posición Común”, declaró Mogherini, quien anticipó que la UE dará los pasos para “derogar formalmente” esa normativa.
En 2003, el bloque europeo suspendió temporalmente la cooperación con la isla comunista tras el encarcelamiento de 75 disidentes cubanos (ya liberados).
El canciller cubano destacó el feliz término de una negociación compleja, que incluyó siete rondas alternas de diálogo en La Habana y Bruselas.
El acuerdo, cuyo texto aún no han sido revelado, apunta también a mejorar los intercambios de la isla con la UE, su segundo socio comercial después de Venezuela.
“De esta forma, las relaciones entre Cuba y la UE se proyectan hacia su consolidación a mediano y largo plazo, sobre bases de respeto, reciprocidad y beneficio mutuo”, anotaron las partes en una declaración común.
El texto del acuerdo será sometido a revisión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque europeo, probablemente en abril, según explicó en Bruselas una fuente diplomática.
Sin embargo, todavía no hay una fecha para la entrada en vigor del acuerdo y no se descarta que en algunos países requiera ratificación parlamentaria, añadió la fuente.