Miembros de la Comisión de Reformas Electorales (CNRE) cuestionaron ayer que integrantes de partidos políticos involucrados en investigaciones judiciales utilicen el fuero penal electoral como una “estrategia” para frenar sus casos.
Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, advirtió que muchos partidos van a seguir utilizando el fuero como mejor les plazca. “El cálculo de los tiempos de Cambio Democrático (CD) ha sido muy habilidoso y sagaz, entendiendo que este fuero puede ir paralizando muchas de las denuncias y procesos que tienen pendientes”, dijo.
Opinó que el Tribunal Electoral tendrá que tomar una decisión respecto a las solicitudes que le haga el Ministerio Público, para trabajar con celeridad en el levantamiento de los fueros, con el fin de que “los casos no se caigan”.
En tanto, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, expresó que se trata de una figura que se da en varios países para evitar la persecución política, pero aquí en Panamá desde hace mucho tiempo no existe ese tipo de persecuciones.
“En nuestro país, este tipo de figura lo que hace es retrasar las investigaciones de alto perfil del gobierno pasado, durante el cual se lesionó el patrimonio de los panameños”, señaló.
A juicio de Pittí, el Tribunal Electoral debe levantar el fuero de manera oportuna y rápida, para permitir que la administración de justicia avance con las investigaciones que se siguen a aquellos que han sido denunciados por supuesta corrupción.
Estas reacciones surgieron luego de que se conociera que miembros de CD investigados por presuntos casos de corrupción mantendrán el fuero penal electoral, una prerrogativa que se les había vencido apenas el 20 de febrero pasado, después de la elección de su junta directiva el 21 de enero de 2018.
La prerrogativa está activa por la convocatoria de elecciones para juntas distritales, que se llevarán a efecto entre el 10 de este mes y el 3 de junio próximo.
El fuero paraliza de momento las investigaciones que el Ministerio Público sigue a los miembros de CD que se postularon a cargos en este nuevo proceso, entre ellos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli–; los exministros Federico Suárez y Jaime Ford (Obras Públicas) y Frank De Lima (Economía y Finanzas); y el exdirectivo de la Caja de Ahorros Riccardo Francolini.
Los hermanos Martinelli Linares están fuera del país y la Fiscalía Especial Anticorrupción, que los investiga por los sobornos de Odebrecht, solicitó una alerta roja a Interpol con fines de captura, para que comparezcan al proceso.