El Juzgado Undécimo Penal otorgó una prórroga de dos meses a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, para que siga investigando la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en el proceso de contratación, ejecución y pago de la subestación San Bartolo, en la provincia de Veraguas, otorgada en el pasado gobierno.
Mediante resolución del 27 de abril de 2018, la fiscalía le solicitó la prórroga al juez de la causa para agotar la instrucción sumarial, toda vez que tiene pendiente realizar diligencias y practicar pruebas con el fin de esclarecer los hechos, como tomar testimonios a varias personas, hacer inspecciones oculares, entre otras.
Así se lee en el fallo que lleva la firma de la jueza Minerva Aminta Flores.
Flores citó el artículo 2033 del Código Judicial, que además de establecer el término para el perfeccionamiento del sumario, consagra una excepción de dicho plazo, señalando que “en los delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, en cuyo proceso no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la instrucción, previa autorización del juez de la causa”.
En este caso, los delitos habrían sido cometidos en perjuicio de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
El comienzo
Este proceso se inició de oficio tras un informe de auditoría enviado al Ministerio Público por la Contraloría General de la República el 31 de agosto de 2017.
El informe es sobre el proceso de contratación, ejecución y pago de la construcción de la subestación San Bartolo por parte de Etesa.
En el fallo de la jueza Flores no se hace referencia a la posible lesión patrimonial. Este medio consultó al Ministerio Público sobre la cifra, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La trama
Según una investigación de este diario publicada en 2015, la subestación fue construida a un costo de $13 millones, para beneficiar a los proyectos hidroeléctricos de San Bartolo y Las Cruces, en la cuenca del río San Pablo, en Veraguas.
Estos proyectos fueron adjudicados a la corporación Energía del Istmo Ltd., ligada al expresidente Ricardo Martinelli y a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto.
El 26 de febrero de 2013, el Consejo de Gabinete –entonces presidido por Ricardo Martinelli– aprobó una resolución en la que autorizó la celebración de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y Etesa. La iniciativa fue llevada al Gabinete por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, quien estuvo acompañado por Fernando Marciscano, ex gerente general de Etesa.
La construcción de la nueva subestación eléctrica fue calificada como “estratégica y prioritaria” para promover los proyectos de generación de energía.