Una política migratoria integral será la clave, de acuerdo con expertos, para frenar la polémica surgida en los últimos días por la feria “Panamá, Crisol de Razas”, iniciativa que nació en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli y que busca la legalización de extranjeros en el país.
A pesar de que la semana pasada la ministra de Relaciones Exteriores y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, anunció que el decimoquinto proceso de regularización migratoria sería el último, dirigentes de varios sectores del país aseguran que no basta con la suspensión de esa actividad.
Sugieren que de paso se modifique la ley migratoria existente, y se refieren al Decreto Ley 3 de 2008, que en el gobierno de Martín Torrijos creó el Servicio Nacional de Migración (SNM).
Crisol de Razas se estrenó en 2010 bajo la supervisión de la entonces directora del SNM María Cristina González. Hasta la fecha ha legalizado el estatus migratorio de cerca de 48 mil extranjeros y ha rechazado la solicitud de otros 26 mil.
Pero, esta política migratoria con la que trabajó la pasada administración ha generado debates a favor y en contra. Por ejemplo, el denominado grupo “Panamá para los panameños”, integrado por jóvenes profesionales, sustenta que se han visto afectados por la entrada “masiva” de extranjeros.
Alega que la mayoría de las plazas de trabajo son ocupadas por mano de obra extranjera.
Mientras, la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados (CNA) ha pedido la suspensión de la iniciativa. Resalta que desde que se inició el programa, el gremio ha mostrado su preocupación por el ingreso al país de miles de personas que, al no cumplir con los requisitos establecidos por ley, “ponen en riesgo la seguridad nacional”.
Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal, junto a la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, interpuso el pasado viernes un recurso contra los decretos que avalan el Crisol de Razas. A su juicio se violan los convenios migratorios que ha firmado el país.
SUGIEREN CAMBIOS
Tayra Barsallo, subdirectora del SNM en el gobierno de Torrijos y una de las gestoras del Decreto Ley 3 de 2008 que dicta la política migratoria del país, califica la iniciativa de “desafortunada” y recomendó que se trabaje en la confección de políticas migratorias que garanticen el trabajo a los panameños. “Se debe definir una política migratoria dirigida a la apertura de extranjeros que aporten a nuestra cultura, economía y tener una mejor sociedad”, indicó.
Mientras que el presidente del CNA, José Alberto Álvarez, manifestó que el gremio de abogados ve con beneplácito la medida del Estado de eliminar esta feria migratoria. “Aspiramos a que el Gobierno dicte una política general de migración. Este gobierno y los siguientes deben actuar mediante leyes y no por medio de decretos ejecutivos”, dijo.
En medio de este debate, la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez presentó un anteproyecto de ley ante la Asamblea Nacional que busca modificar y añadir artículos al Decreto Ley 3 de 2008, que regula la política migratoria del país.
El documento recomienda la creación de una mesa de diálogo para la instalación de un Código Migratorio que reemplace la legislación actual.
Rodríguez aseguró que, a pesar de que la actual administración, dirigida por Juan Carlos Varela, ha manifestado que la feria que se celebrará del 2 al 12 de octubre próximo será la última, lo mejor es que “todo quede en blanco y negro”, es decir, mediante una ley.
El proyecto fue enviado a la Comisión de Gobierno del Legislativo, donde se creó una subcomisión para evaluar el tema que será abordado hoy, lunes, según adelantó el presidente de esta comisión, el perredista Pedro Miguel González.
ACUDIRÁN AL PLENO
Las inquietudes manifestadas por la ciudadanía por esta política migratoria motivaron a los diputados a citar a los responsables de la seguridad del país.
Acuden hoy al pleno de la Asamblea el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera; el director de Migración, Javier Carrillo; y el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón. Responderán un cuestionario de al menos 13 interrogantes redactadas por los diputados.
Aguilera adelantó ayer en TVN que de mantenerse el programa se generaría un caos migratorio. “Estamos adoptando políticas correctas al suprimir el Crisol de Razas”, sostuvo, al tiempo que explicó que buscan crear otros mecanismos para controlar las migraciones, aumentar el número de devoluciones de extranjeros en el aeropuerto, incrementar el número de funcionarios de Migración en los puertos de entrada y salida del país, entre otros asuntos.
También informó que el Ministerio de Gobierno debe realizar una serie de actividades para proteger a los migrantes que son susceptibles a la trata de personas, luego de que Panamá fuera calificada como un país que debe ser puesto en vigilancia sobre este flagelo.
CARRILLO DESCONOCE MEDIDAS
En tanto, Javier Carrillo manifestó a este medio desconocer las medidas migratorias que se establezcan tras la eliminación del Crisol de Razas.
“Esa no es una decisión mía, no te puedo dar ninguna causa. Como director de Migración nosotros ejecutamos las políticas que el Gobierno decida en materia migratoria”, afirmó.
Explicó que la realización de dichas ferias ha sido un filtro para deportar a algunos extranjeros porque no cumplían con los requisitos requeridos. Negó que este programa tenga relación con la inseguridad en las calles panameñas.
Para optar por la legalización mediante el Crisol de Razas se requiere contar con dos años o más de estadía en el país, con sellos de entrada que no tengan más de seis meses de salida entre uno y otro, no haber iniciado trámite de legalización ante el Servicio Nacional de Migración y acudir personalmente a presentar su solicitud de legalización.
Cifras del SNM destacan que se han recaudado $49.1 millones desde la creación del programa. Estos fondos, según Aguilera, no los utiliza el SNM, sino que pasan al fisco nacional a través de una cuenta del Banco Nacional. Incluso ese dinero debe pasar a la Asamblea Nacional para que sea discutido el uso del mismo, aclaró.
LOS FONDOS
El destino de los fondos de esta entidad generó polémica durante la administración de Martinelli. Los recursos recaudados en la feria de octubre de 2013 se destinaron a aumentar el presupuesto de la Presidencia de la República en plena campaña electoral.
De esa manera, los $8.2 millones que el programa recaudó en octubre fueron a dar a las arcas del Programa de Asistencia Social, del Ministerio de la Presidencia, cuyas ayudas se asignan de manera discrecional.
La medida fue criticada entonces por Aurelio Barría, activista de la sociedad civil. “Quieren utilizar los recursos del Estado para poder ganar las elecciones, usando recursos e infraestructuras del Estado a favor de los candidatos de gobierno”.
El CNA también le pidió cuentas al gobierno de Martinelli sobre en qué se utilizaron los fondos del Crisol de Razas, pero la administración abandonó el poder sin rendir cuentas sobre el destino final de estos dineros.
