El exministro de Economía y Finanzas Ricaurte Vásquez advirtió que una reforma integral a la Constitución representaría un elemento de riesgo a la forma en que se desarrollan las actividades económicas en el país.
“Abre el riesgo de cambiarlo todo. Un cambio total a la Constitución, si lo vemos desde el punto de vista económico generaría un compás de espera, porque todo el mundo va a esperar qué sucederá después”, indicó.
Vásquez fue uno de los expositores del Foro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), denominado “Reforma Constitucional y Libertad Empresarial”, que contó con la participación del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Federico Lee, de la exministra de Relaciones Exteriores Nivia Roxana Castrellón, el abogado Juan David Morgan, y de la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
Para Vásquez, desde el punto de vista del funcionamiento del país, las reglas del juego en materia constitucional tienen que ser puntuales, específicas y sencillas para que se cumplan. “Donde está la duda es en si tenemos la voluntad de adherirnos a cumplir esas reglas, no importa cuán perfecta sea la Constitución, pues si no tenemos la voluntad de obedecerla, es letra muerta”, agregó.
En tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Federico Lee respaldó un cambio constitucional dirigido a establecer una administración de justicia funcional.
Respaldó la creación de un Tribunal Constitucional y una modificación al método de selección de los magistrados de la Corte.
“Necesitamos ya de un Tribunal Constitucional, no digo que la Corte no está cumpliendo con el rol de guardián de la Constitución y de las garantías fundamentales de los ciudadanos, pero considero que el modelo actual está agotado”, afirmó.
En cuanto al método de selección actual de los magistrados, dijo que no es funcional. Actualmente, el presidente de la República con el Consejo de Gabinete nombran a los magistrados de la Corte y la Asamblea los ratifica.
Por su parte, la exviceministra de Relaciones Exteriores Nivia Rossana Castrellón respaldó la posibilidad de una reforma constitucional integral. No obstante, indicó que “podemos tener la mejor Constitución, pero eso no significa que vamos a tener un mejor país”.
Planteó cambios en materia educativa, considerando la posibilidad de crear una Autoridad de Educación con rango constitucional, en lugar de un Ministerio de Educación, que le dé continuidad a los programas educativos que trasciendan varios gobiernos.
“Una reforma constitucional en materia de educación debe garantizar una educación de calidad con cinco pilares: debe ser equitativa, eficaz , eficiente, pertinente y relevante. De ser así, nuestra educación debiera tener una custodia constitucional para cerciorarnos de que esas condiciones en realidad se cumplen”, destacó.
Por su parte, el abogado Juan David Morgan planteó que no se requiere de una reforma a la Constitución, ni es el momento oportuno.
“Lo que hay que reformar es a la gente, quien se porta mal es la gente, las leyes están bien y están allí. Si todos los magistrados de la Corte fueran buenas personas, ¿quién estaría discutiendo si debemos o no cambiar la Constitución para nombrar a los magistrados?”, se preguntó.
Sostuvo que el problema es el comportamiento del individuo, y eso cambia con educación. “Lo único que hay que hacer aquí es dedicarnos a educar a la gente. Una vez que estemos educados vamos a poder decidir”, sostuvo.
Consideró que sería engañar al pueblo decirle que si se reforma la Carta Magna se van a mejorar los males que tiene el país. “Eso es puro cuento, lo que se tiene es que empezar a educar a la gente, y reformar a la gente, hay que acabar un poco con la impunidad y el juega vivo, y eso se hace educando, no hay otra manera”.
Por su parte, la diputada Ana Matilde Gómez se mostró partidaria de una cambio integral a la Constitución.
Indicó que las reformas parciales a la Carta Magna pueden ser insuficientes para desarrollar principios orientadores que permitan corregir distorsiones que nos mantienen desde hace un par de décadas atendiendo síntomas, y no las verdaderas causas de la desigualdad.
Abogó por cambios constitucionales que pudieran darle mayor independencia a la Asamblea Nacional, y modificar las causas del desequilibrio y la capacidad del Ejecutivo y la inoportuna concentración de su poder y capacidad de sometimiento a los otros poderes del Estado.
Planteó incluso modificar la forma en que se elige a los diputados, aunque fue enfática en señalar que muchas de las debilidades que aquejan a la Asamblea pueden ser mejoradas sin un cambio constitucional, sino a través de modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.
Juan Gabriel González, presidente de la Apede, manifestó que esta organización empresarial considera que es necesario hacer un llamado nacional para que se reforme la Constitución, independientemente del mecanismo a utilizar.
Sostuvo que posiblemente a estas alturas del partido difícilmente cree que se pueda realizar una constituyente, aunque tampoco se puede descartar. “Es importante que se hagan reformas a temas de la administración de justicia, y hacer modificaciones al manejo del Legislativo, a la economía y a la educación. Hay que crear una entidad nacional de educación que impulse y sostenga una política de Estado en el tema educativo, con una educación de calidad para todos”, señaló.