La licitación que realiza la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para la confección de documentos de uso obligatorio para la circulación vehicular quedó desierta.
Los miembros de la comisión evaluadora coincidieron –en un informe emitido el pasado 23 de enero– en que los tres consorcios que se presentaron al acto público (BPO, Cosmolatan y STPC) incumplieron con los requisitos financieros, legales y técnicos mínimos establecidos para participar en este proceso.
A través de esta licitación, la ATTT pretendía otorgar el servicio de elaboración de las licencias de conducir y tarjetas de propiedad vehicular, así como la expedición de tarjetas de peso y dimensiones de vehículos pesados.
Desde el año 2007, el Consorcio STC, S.A. (Sertracen) es el responsable de este trabajo y, aunque el contrato venció el año pasado, la ATTT decidió extenderlo hasta octubre próximo, a fin de evitar cualquier inconveniente en la confección de estos documentos.
Alan Castillo, secretario general de la entidad, expresó que con esta nueva licitación se pretende ampliar y modernizar el servicio.
Añadió que si bien la relación con Sertracen ha sido “positiva”, aún existen algunas deficiencias.
Por ejemplo, explicó que la compañía no presta sus servicios en la provincia de Darién, mientras que en la provincia de Panamá Oeste no se expiden licencias a las personas que la tramitan por primera vez.
“Lo que queremos con este nuevo proceso es garantizar a los usuarios un servicio ágil, digital y completo en cada una de las regiones”, comentó el funcionario.
Esta primera convocatoria se hizo en abril de 2017, pero luego de una serie de inconvenientes no fue hasta el mes de noviembre que se recibieron las propuestas.
Al respecto, exdirectores de la ATTT como Carlos Harrys y Roberto Moreno coincidieron en que lo ideal era eliminar el proceso que se efectuaba en estos momentos y llamar a una nueva licitación, como en efecto lo decidió la comisión evaluadora.
El Departamento de Comunicación de la ATTT informó que actualmente se evalúa una nueva fecha para llamar a la licitación.
El acto público tenía un precio de referencia de $62.3 millones y el servicio sería contratado por un periodo de 10 años.