La justicia de Ecuador declaró inocente a Martín Pallares, un periodista opositor acusado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) de atentar contra su honra.
Pallares escribió un artículo titulado Si a Correa lo sorprenden robando podría decir que estaba cuidando, el cual fue publicado en un portal electrónico el pasado 25 de abril, un mes antes de que concluyera una década de gobierno de Correa.
Correa presentó la demanda el 5 de junio aduciendo que Pallares profirió expresiones en descrédito o deshonra en su contra, un delito sancionado con prisión de 15 a 30 días.
Durante su presidencia, Correa pretendió bajar el tono a las acusaciones contra un exministro suyo actualmente detenido para investigación por presuntamente recibir 1 millón de dólares de Odebrecht (dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña), señalando que solo habría cometido defraudación tributaria y probablemente lavado de activos.
Pallares respondió imaginando con ironía a Correa como un ladrón capturado en flagrancia que desestima que hubiera delito.
“Es perfectamente posible imaginar a Rafael Correa detenido por la policía saliendo por la ventana de una casa que no es la suya, con un lote de joyas en sus manos, diciendo a sus captores que no estaba robando sino que entró para regar las plantas del vecino y, como vio que había unos objetos brillantes tirados en una caja fuerte, pensó que lo mejor era sacarlos a la calle para preguntar a los transeúntes si les pertenecía o no”, escribió.
El comunicador añadió: “Y claro, también hay cómo imaginarlo diciendo que eso no es delito”.
Correa , quien no acudió a la audiencia –en la que hubo roces entre partidarios de ambas partes– también reclamó una indemnización a definir por el juez.
“Inocente”, exclamó Pallares a través de un tuit.
Correa protagonizó varios enfrentamientos con la prensa, en ocasiones extendidos a los tribunales. En 2012, ganó un juicio por injurias al diario El Universo, uno de los principales del país, por el cual tres directivos y un exeditor fueron condenados a tres años de cárcel y a pagar una indemnización de $40 millones, aunque el exgobernante extendió un perdón judicial.