Los últimos testigos de la defensa de Dilma Rousseff comparecieron ayer en el Senado, antesala del alegato que dará la propia presidenta en el juicio político que se encamina a destituirla definitivamente.
El tercer día del impeachment (proceso de destitución) de Rousseff, separada del poder y acusada de adulterar las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014, práctica vedada por la Constitución que según sus detractores siguió tras asumir, tuvo el testimonio de una figura de su gobierno: el exministro de Hacienda Nelson Barbosa.
“No hay como hablar de ilegalidades”, expresó Barbosa después de detallar que la edición de unos decretos que le endilgan a Rousseff haber aprobado a espaldas del Congreso respetaron la Constitución. “La presidenta tiene un gran respeto por el Congreso”, añadió al ser interrogado por senadores a favor del proceso de destitución.
Los senadores también interrogaron al profesor de leyes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro Ricardo Lodi.
Las cinco votaciones previas a la sentencia –que se conocería entre el martes y el miércoles próximos– fueron favorables a condenar a la primera mujer que ocupó la Presidencia de Brasil.
Se necesitan 54 de los 81 votos posibles para consumar la caída y acabar con un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula Da Silva.
El gobierno de Michel Temer, vicepresidente que sucedió interinamente a Rousseff, espera obtener unos 60 votos en la rueda final.
Las sesiones previas estuvieron signadas por cruces de alto voltaje, descalificación de testigos e insultos cara a cara que obligaron a suspender los trabajos al menos tres veces. Con más de la mitad de los senadores con causas pendientes o bajo investigación, la sombra de la corrupción sobrevuela.
Fue la senadora Gleisi Hoffmann (PT), también bajo la lupa de la justicia, quien abrió la caja de Pandora el primer día al cuestionar la moral del Senado para juzgar a Rousseff.
La mandataria de 68 años jugará su última carta mañana, cuando enfrente a sus acusadores durante el alegato de la defensa, que hará personalmente.
En una sesión que hará contener el aliento, Rousseff hablará ante la presencia de su padrino político Lula da Silva, quien la acompañará desde la tribuna según confirmó el senador del PT Paulo Rocha, junto a ministros, exministros y líderes partidarios y de movimientos sociales.
Ayer, el economista Luiz Gonzaga Belluzzo argumentó por su parte que Rousseff no quebrantó las llamadas leyes de responsabilidad fiscal. Aseguró que en lugar de ocultar el gasto gubernamental, como señalan sus críticos, a principios de 2015 estaba conformando un plan de contingencia para mantener el gasto ante el declive de ingresos.
Un sondeo de Carta Capital-Vox Populi difundido en agosto pasado indicó que 61% de los encuestados apoyarían la salida de Rousseff y Temer, seguida de comicios. Rousseff ha dicho que apoyaría la idea si se aborta el juicio político.
Pero Temer, que ejerce actualmente como presidente interino y está a punto de ser confirmado en el cargo hasta 2018, de momento quiere ejercer el cargo de mandatario del país suramericano.
Rousseff quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años si es destituida. Dilma ha vivido aislada desde su suspensión del cargo en mayo pasado en el Palacio de Alvorada.