La constructora Norberto Odebrecht continúa acumulando procesos judiciales en Brasil, su país de origen. El último revés de la empresa fue ayer, jueves, cuando el Tribunal de Cuentas de la Unión ordenó incautarse de alrededor de $655 millones en activos a las constructoras Odebrecht y OAS por su participación en el escándalo de Petrobras.
Según reportaron los medios brasileños Globo y Folha de Sao Paulo, el tribunal determinó que Odebrecht y OAS inflaron en un 25% sus precios en la construcción de la refinería Abreu e Lima.
Por su parte, la agencia noticiosa Reuters asegura que el expresidente ejecutivo y nieto del fundador de Odebrecht Marcelo Bahia Odebrecht y el exjefe de OAS José Adelmário Pinheiro también sufrieron la incautación de sus bienes por la supuesta irregularidad en el contrato con la empresa estatal Petrobras.
Según el fallo, cometieron “actos ilícitos para defraudar mediante procesos de licitaciones en Petrobras para maximizar ilegalmente las utilidades de sus compañías”.
La participación sospechosa de Odebrecht y OAS en sus contratos con Petrobras se ha conocido a través de la investigación Lava Jato, que lidera la Policía Federal de Brasil, y que ha demostrado cómo operaba una red de corrupción a través de coimas y sobrecostos en las obras de Petrobras.
Varios empresarios de alto perfil han sido acusados e incluso condenados por su participación en este esquema, como Marcelo Odebrecht, quien debe cumplir 19 años en prisión. También se vieron involucrados políticos. Incluso, el propio expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva también ha sido implicado en la trama.
Según las investigaciones, los desvíos financieros habrían pasado por Panamá, incluso a través del sistema bancario local.
La investigación ha causado que la constructora Odebrecht anunciara en abril pasado la venta de activos por $3 mil 300 millones, además de despedir a 70 mil de sus trabajadores, que representan aproximadamente el 30% de su fuerza laboral en el mundo.
INDIFERENCIA EN PANAMÁ
Aun con las condenas, los fallos y las acusaciones que pesan sobre Odebrecht en Brasil y a nivel internacional, la constructora no ha tenido dificultades para participar ni para ganar varias licitaciones en Panamá.
Por ejemplo, a comienzos de esta semana, una comisión evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó a Odebrecht a participar en la licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, a un costo cercano a los mil millones de dólares.
Hace unos meses, otra comisión evaluadora, esta vez de la Alcaldía de Panamá, calificó a Odebrecht como la mejor propuesta para mejorar el entorno urbano de algunas áreas de la capital por $99 millones, en un proceso en el que en primera instancia la mejor puntuación la obtuvo otro consorcio, pero tras una nueva revisión, la constructora brasileña se llevó el primer lugar.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen también escogió a Odebrecht para realizar las obras de ampliación por otros mil millones.
Desde su llegada a Panamá, en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), Odebrecht se ha adjudicado contratos por más de $9 mil millones.
Muchos han sido cuestionados por la sociedad civil, e incluso por partidos de oposición que son o fueron gobierno, pero aún no se ha auditado ninguna sola obra de esta empresa.
Ramón Ricardo Arias, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, aseguró que no abriga ninguna esperanza de que en Panamá las autoridades “tengan algún interés de investigar o auditar a Odebrecht”. Según él, no pretenden entender que esta empresa es una organización criminal. “No es difícil pensar que hay complicidad de algunas entidades y algunos servidores públicos del gobierno anterior y del actual”, añadió.
“Lo que resulta incomprensible es que a la fecha no se hayan llevado a cabo las auditorías solicitadas hace más de un año, y que a pesar de eso el Gobierno Central y la Alcaldía de Panamá sigan pactando con una empresa cuyo historial ético y salud financiera dejan muchísimo que desear”, afirmó el arquitecto Ricardo Bermúdez, quien recordó que hace más de un año presentaron una nota en la Contraloría General en la que pedían considerar el escenario internacional a la hora de adjudicar obras a este consorcio, y de la que aún no han recibido ninguna respuesta.
En tanto, el excontralor Carlos Vallarino indicó que “hay una gran irresponsabilidad en el manejo de las arcas del Estado”. Además, señaló que ante el riesgo financiero evidente, la Contraloría podría evitar refrendar cualquier obra que se le adjudique a esta constructora.