La defensa del exministro de Obras Públicas Federico Suárez afirma que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga debe suspender todas las diligencias en la investigación que adelanta contra su cliente por presuntos sobrecostos en el contrato para la rehabilitación y ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ya que si el Primer Tribunal Superior de Justicia falla a su favor un amparo de garantías constitucionales contra la prórroga dada por el Juzgado Decimoquinto Penal se declararían nulas todas las diligencias judiciales.
Rosendo Miranda, abogado de Suárez, explicó que en mayo pasado presentó un amparo contra la segunda prórroga que concedió el Juzgado Decimoquinto Penal a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para culminar la investigación.
Miranda detalló que previamente ese juzgado había otorgado una prórroga de 8 meses a la fiscalía para culminar las pesquisas, pero luego le concedió una segunda extensión de 10 meses.
A juicio del abogado, esa medida viola las garantías de su cliente, ya que la ley solo permite una prórroga.
Opinó que lo más sano sería que la fiscalía suspendiera la indagatoria de Suárez, el próximo jueves.
El recurso presentado por Miranda quedó radicado en el despacho de la magistrada Eva Cal.
La fiscalía también citó a rendir declaración indagatoria el próximo miércoles al extitular de Obras Públicas Jaime Ford, a quien se le vincula con la investigación en mención.
La defensa de Ford también presentó un amparo de garantías ante el Primer Tribunal Superior contra la decisión del juzgado de conceder una segunda prórroga a la fiscalía para concluir las pesquisas. Este recurso está radicado en el despacho del magistrado Carlos Trujillo.
Además, Miranda presentó un recurso de habeas corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia a favor de Suárez, que deberá ser resuelto por el magistrado José Ayú Prado. El recurso busca que el exfuncionario no sea detenido.
De acuerdo con el abogado Rodrigo Noriega, las órdenes giradas por la fiscalía contra los exministros Suárez y Ford quedarían en suspenso –no así el proceso, que seguiría su curso– solo si el Primer Tribunal Superior o la Corte admite alguno de los recursos presentados por su defensa.
Como parte de este caso, la fiscalía ordenó la detención preventiva de Daniel Ochy, directivo de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT). Su hermano y socio, David Ochy, también fue citado a rendir indagatoria.
Daniel Ochy permanece en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) desde la noche del pasado jueves.
En 2015, la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional, a cargo del diputado panameñista José Antonio Domínguez, presentó al Ministerio Público un informe en el que se determinó un posible sobrecosto de $63 millones en la rehabilitación y ampliación de la autopista.