El grupo de abogados querellantes de las víctimas y afectados por el consumo masivo de medicinas contaminadas con dietilenglicol presentará hoy, lunes, una apelación ante el Segundo Tribunal de Justicia contra el fallo del pasado viernes que absolvió de culpa a exfuncionarios que tenían altos cargos en la Caja de Seguro Social (CSS) al momento en que ocurrió el envenenamiento en 2006.
Antonio Vargas, quien representó a los sobrevivientes aglutinados en el Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, calificó como “ridículo” el fallo emitido por los magistrados del Segundo Tribunal, ya que exoneró de responsabilidad al exdirector de la CSS René Luciani; a Linda Thomas, exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos, y al exjefe de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, Pablo Solís.
Vargas sostuvo que estas personas tenían cargos de responsabilidad directa sobre la gestión de compra de la materia prima con la que se elaboraron las medicinas.
También alegó que de forma incomprensible se le dio un veredicto absolutorio a Teófilo Gateno, persona que financió la compra del tóxico a la empresa Medicom, proceso en el cual afirmó que hubo una gran cantidad de irregularidades.
De igual manera, dijo discrepar con la pena de 12 meses de prisión dictada a Edward Enrique Taylor, exfuncionario del Departamento de Control de Calidad de la CSS; Miguel Algandona, exanalista de laboratorio; Nereida Quintero, exdirectora de Abastos de la CSS, y a Marta Cristelly, que laboró como directora de Abastos.
Vargas agregó que no comparte la opinión del Segundo Tribunal de que no entrará a debatir la responsabilidad civil de los exfuncionarios de la CSS en el caso de cuatro querellas que presentaron los afectados, en las que se exigía el pago de 6 millones de dólares en compensación por los daños causados.
Por su parte, Rolando Rodríguez Chong, quien también actuó como querellante, explicó que todos los abogados representantes de las víctimas y afectados por el tóxico llegaron a un consenso para presentar una apelación, una vez conocido el fallo que fue avalado por los magistrados Luis Mario Carrasco, Adolfo Mejía y María de Lourdes Estrada.
Manifestó que en el fallo hay sentencias inexplicables, como el hecho de que Ángel De La Cruz, dueño de Medicom, fue condenado a cinco años de prisión y estuvo seis bajo detención preventiva.
Recordó que se trató de un hecho que generó más de 100 muertes y ocasionó graves daños a cientos de personas, muchas de las cuales han quedado incapacitadas para trabajar.
Mientras que Gabriel Pascual, vocero del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, adujo que el fallo no les deja otra salida que realizar acciones de protestas en las calles, además de acudir a la justicia internacional.
Indicó que el fallo es un claro ejemplo de que la administración de justicia se encuentra en una aguda crisis, toda vez que un proceso con 10 años de investigación y más de 300 tomos de diligencia queda con sanciones “ridículas”, en las que los responsables eluden toda responsabilidad con las víctimas que ingirieron el veneno.