El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, finalizó su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN). Esta vez, las quejas de los diputados no fueron por las respuestas que ofreció Castillero Hoyos, sino por la ausencia de la defensora adjunta Elsa Fernández, quien tampoco asistió la semana pasada.
Castillero Hoyos había comparecido el pasado 2 de octubre al pleno legislativo; sin embargo, su intervención se vio truncada luego de que no lograra responder con precisión el cuestionario formulado por la diputada independiente Ana Matilde Gómez.
Pero ahora lo cuestionaron los diputados perredistas Leandro Ávila y Javier Ortega por no invitar entre su comitiva a la defensora adjunta.
No obstante, igual que el día que inició la sustentación, el defensor del Pueblo respondió: “Estoy acompañado tanto por el equipo administrativo como operativo de derechos humanos”.
“Para mí, no es opcional si está acá [Fernández] o no. Tenemos varias preguntas para ella, además recibimos denuncias permanentes de abuso laboral contra esta funcionaria”, replicó Ávila.
Por su parte, el diputado Ortega preguntó: “¿Es verdad que la adjunta no ha recibido ninguna invitación al pleno en esta ni en la pasada administración?”.
A lo que el defensor del Pueblo contestó: “No es usual, no es una práctica usual”.
Ortega agregó que espera que luego de la comparecencia de Castillero Hoyos, no exista una persecución “de ninguna forma” contra la defensora adjunta.
Además, el diputado Ávila señaló que la labor de la Defensoría “no se siente”.
A lo que Castillero Hoyos se defendió y replicó que la institución que él maneja tiene un sinnúmero de carencias.
Señaló que los salarios de los servidores no son suficientes. “Además, tenemos una sede que, pese a los esfuerzos por mejorarla, lo hacemos con las uñas [...] es inadecuada para los quejosos y el personal”, dijo.
El defensor también mencionó que, aunque poseen una gran flota vehicular, esta se encuentra en mal estado.
En relación con la sede central y las sedes regionales de la Defensoría, reconoció que se mantiene una deuda con el pago de alquiler de al menos dos años.
Finalmente, sentenció que los funcionarios no reciben cursos de formación desde hace siete años.
Castillero Hoyos fue nombrado defensor desde 2016 hasta 2021.