La fiscal general de Nueva York demandó ayer al presidente Donald Trump por utilizar su fundación con fines personales y políticos, un caso que golpea de lleno los negocios del magnate inmobiliario.
La demanda, que exige la disolución de la fundación Donald J. Trump y pide al presidente estadounidense la restitución de $2.8 millones más multas, denuncia “un patrón de conducta ilegal persistente durante más de una década”.
Aunque afecta directamente sus negocios millonarios, el caso no parece susceptible de afectar políticamente al mandatario, que ya había anunciado la disolución de la fundación tras derrotar a Hillary Clinton en las elecciones de octubre de 2016. La demanda de la fiscal Barbara Underwood asegura que Trump, que cumplió ayer 72 años de edad, usaba los activos de la fundación para pagar sus obligaciones legales, promover sus hoteles y negocios y comprar artículos personales. Una investigación de la fiscalía reveló, asimismo, que la Fundación Trump recaudó más de $2.8 millones “en una manera diseñada para influir en las elecciones de 2016”, bajo órdenes e indicaciones de la campaña presidencial de Trump.
Este no es el primer lío judicial de Trump, que enfrenta varias demandas de mujeres que aseguran haber tenido relaciones con él y sobre todo una amplia investigación de un fiscal especial sobre los lazos entre su campaña presidencial y Rusia. “La Fundación Trump era poco más que una chequera para pagos de Trump o de sus negocios a organizaciones sin fines de lucro, sin importar su propósito o legalidad”, dijo la fiscal Underwood.