Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado José Luis Carrera, contra los artículos 212 y 227 del Código Electoral, que establecen un tope del 30% para el uso del financiamiento privado en propaganda electoral, para los candidatos a diputado, alcalde y representante de corregimiento.
En la demanda, interpuesta en representación del exdiputado Jorge Hernán Rubio, candidato por el Partido Popular, en el circuito 8-7, se aduce que esta regulación aplica “una camisa de fuerza a los candidatos, que no pueden disponer libremente de los fondos privados para la campaña electoral”.
También se plantea que los artículos 212 y 227 del Código Electoral aplican limitaciones al uso que darán al financiamiento privado los precandidatos en las elecciones primarias de los partidos políticos y también en las elecciones generales.
El recurso establece que estas normas del Código Electoral violan el artículo 48 de la Constitución, que regula la propiedad privada, y el 143 de la carta magna que establece las atribuciones del Tribunal Electoral.
La ley electoral señala que los candidatos podrán gastar en propaganda electoral hasta un tercio del tope establecido para el financiamiento privado, el cual fue fijado en $10 millones para el cargo de presidente de la República y en $300 mil para el de diputado. Para el cargo de alcalde, se fijó un tope no menor a $15 mil y para el de representante, no menor de $10 mil.