Una demanda de nulidad presentó ayer el Centro de Incidencia Ambiental contra la Resolución 0278-2017 del 12 de junio pasado, que crea una unidad de seguimiento a los proyectos del Gobierno e “inhabilita” a las direcciones regionales del Ministerio de Ambiente a conocer sobre los procesos administrativos relacionados con esas obras.
La organización ambiental plantea que esa normativa contradice el Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y el Decreto Ejecutivo 43 de 2004, los cuales establecen que las 13 direcciones regionales del ministerio son las competentes para conocer procesos administrativos relacionados con todos los proyectos en su jurisdicción, públicos y privados.
Varios directores regionales han alertado durante esta administración sobre daños ambientales que ocasionan obras estatales a reservas.
Por ejemplo, la Dirección Regional de Bocas del Toro abrió este año un proceso administrativo al Ministerio de Obras Públicas por abrir un camino sin estudio ambiental en el Bosque Protegido Palo Seco.
Se intentó conocer la posición del ministerio al respecto, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
No obstante, la semana pasada Jorge González, secretario de Metas del Ministerio de la Presidencia, indicó que no están suplantando a ninguna dependencia. “Habrá una unidad de coordinación y seguimiento para contribuir y colaborar, a fin de poder agilizar procesos que en ocasiones toman más tiempo del necesario”, dijo.