El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente, por la presunta comisión del delito contra el ambiente y el ordenamiento territorial, en el proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos.
El CIAM denuncia al MOP y a Miambiente por ensanche vial
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) se unió a las organizaciones de la sociedad civil que presentan una acción legal contra el proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos, en el corregimiento de Ancón.
Este desarrollo vial, a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha generado cuestionamientos por su impacto sobre 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces.
En esta ocasión, el CIAM presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal no solo contra el MOP, sino también contra el Ministerio de Ambiente (Miambiente), precisamente por el daño causado al área protegida en Ancón.
La organización ambiental argumentó en su denuncia que resulta “evidente” que el MOP en ningún momento consideró el Parque Nacional Camino de Cruces cuando ideó el proyecto, pues no hay ni una sola mención del área protegida en las más de 616 páginas que componen el pliego de cargos y las adendas de la obra.
Además, mencionan que en la licitación convocada “no se consideró” ningún diseño en particular con el fin de evitar o aminorar afectaciones. Dicen que tampoco tomó en cuenta alternativas que no fueran intrusivas para evitar perjuicios al área protegida.
En cuanto a Miambiente, el CIAM detalló en la denuncia que los funcionarios encargados de hacer la evaluación del estudio de impacto ambiental debieron exigir al promotor del proyecto, en este caso el MOP, que cumpliera o hiciera todo lo posible por cumplir con la Ley 30 del 30 de diciembre de 1992, por medio de la cual se creó Camino de Cruces y que garantiza su protección.
Todo esto tomando en cuenta que esa entidad es la rectora del Estado en materia de protección, conservación, preservación y restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, como lo establece la Ley 8 de 2015.
Con esto el CIAM se une a otras organizaciones como la Fundación Ciudad del Saber y la Asociación de Comunidades del Área del Canal, así como a entidades como el Municipio de Panamá, que presentan una acción legal contra este proyecto.
Por ejemplo, Fundación Ciudad del Saber y la Asociación de Comunidades del Área del Canal presentaron dos amparos de garantías contra la construcción de la ampliación, los cuales no han sido admitidos aún.
Además, la Asociación de Comunidades del Área del Canal también presentó una denuncia penal contra el MOP y Miambiente.
Se intentó conocer la posición del MOP sobre esta nueva denuncia penal, pero informaron que no harían declaraciones por el momento.
El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, tampoco hizo comentarios.