Diez denuncias presentó ayer la Red de Derechos Humanos de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que reportó las demandas civiles y penales de las que son objeto activistas sociales del país.
El grupo informó que los defensores de causas sociales han sido “agredidos” mediante demandas, y a los más beligerantes se les ha interpuesto acciones por sumas millonarias para “desanimarlos y amedrentarlos”. En total reportan una decena de demandas.
Advirtieron que otros han sido detenidos de manera “arbitraria”. Es el caso de quienes han defendido causas de salud sexual y reproductiva, derechos de las trabajadoras sexuales y de personas Lgtbi.
LLEVAN A LA CIDH ACOSO A ACTIVISTAS SOCIALES
Ante el “aumento de intimidación y discurso de odio” en contra de activistas sociales y sus comunidades, la Red de Derechos Humanos de Panamá instó al Estado panameño a permitir la apertura de un diálogo, e hizo un llamado al Ministerio Público para que no acepte las acciones legales contra activistas, sin sustento jurídico.
Las peticiones de la Red forman parte de un informe presentado ayer ante el inicio del 165 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se presentaron 10 denuncias relativas a “agresiones” contra activistas locales.
El informe da cuenta de activistas sociales panameños “agredidos” mediante demandas civiles o penales por defender a sus comunidades.
Advirtieron que, a los más beligerantes se les hacen demandas por mayor cuantía para “desanimarlos y amedrentarlos”.
El documento entregado a la CIDH también contiene tres casos de conflictos ambientales y de expropiación de recursos naturales.
DEMANDAS
La Red de Derechos Humanos de Panamá señala que los casos de demandas contra defensores, que datan desde septiembre de 2015 hasta julio del presente año, surgen “por negligencia o complicidad” de autoridades locales y sectoriales, en la comisión de abusos, agresiones físicas, psicológicas, económicas y políticas.
Entre los casos más recientes figura la demanda civil por $50 mil de Minera Cerro Quema en contra del activista ambiental Basilio Pérez. El conflicto se origina por supuestas violaciones a la ley general de ambiente y contaminación a comunidades aledañas a la mina Cerro Quema.
También resalta la demanda civil por “daño moral, a la imagen y a la investidura política” del actual diputado panameñista Luis Barría por al menos $500 mil en contra de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, organización que reúne a más de 40 comunidades.
La demanda de Barría se sustenta en el supuesto caos urbano, violación de uso de suelos y normas urbanísticas.
Asimismo, presentaron el caso de la demanda civil de Noris de Pasco, dueña de la empresa educativa Kínder Ciudad del Niño, por $61 mil contra Max Crow, presidente de la Asociación de Residentes y Propietarios de Ciudad Jardín de Albrook, por la supuesta violación de uso de suelos y normas urbanísticas.
Otro caso que engrosa la lista de demandas presentadas ante la CIDH, es el de la empresa Hidroeléctrica AHM, S.A. en contra de la activista ambiental Larissa Duarte por $10 millones, por la supuesta violación a la ley general de ambiente, robos, amenazas y agresiones físicas.
ACUERDO
La Red de Derechos Humanos de Panamá también solicitó generar las condiciones para la formulación y aprobación de una ley que proteja a los activistas y defensores de derechos humanos.
En ese sentido, Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia, se comprometió a fomentar una mesa de trabajo en aras de lograr un mecanismo que proteja a los defensores de los derechos humanos en el país.
Sánchez estuvo presente en la sesión efectuada en Uruguay, por parte del Gobierno de Panamá.
Magaly Castillo, dirigente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que el compromiso hecho por el Gobierno representa un avance en esta materia.
Oposición a proyecto de Donoso
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que trabaja en alianza con oenegés de nueve países del continente americano, envió una nota a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, en la que presenta su oposición al proyecto de ley No. 567, que reduce la reserva y permite su titulación.
La organización plantea que el proyecto de ley es contrario a las obligaciones internacionales que adquirió Panamá en materia de conservación de áreas protegidas.
Además, señala que esta propuesta sienta el precedente de que cualquier parque nacional o área protegida puede ser reducido.