La invasión de fincas privadas en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá, mantiene inquietos a sus propietarios quienes observan el “poco interés” de las autoridades para proteger sus derechos.
Abel Leguísamo, propietario de una de estas fincas, explicó que se trata de 12 lotes, los cuales en conjunto comprenden 60 hectáreas de terreno, que están localizados en calle K de San Joaquín, próxima al corredor Norte, las cuales fueron invadidas en mayo de 2016.
Explicó que como propietarios de los terrenos se acercaron a las autoridades de la Alcaldía de Panamá, las cuales ordenaron el desalojo que debió ejecutarse en noviembre pasado.
No obstante, el desalojo de los precaristas no se llevó a cabo porque en estas acciones debe participar la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad, y estos no acudieron al llamado de las autoridades.
Leguísamo, quien tiene una finca de 5.3 hectáreas inscrita en el Registro Público desde 1985, se quejó de la poca colaboración de la Policía Nacional para lograr que les respeten sus derechos como propietarios legalmente constituidos de las fincas invadidas.
Al respecto, el subdirector Penitenciario y de Orden Público de la Policía Nacional, David Ramos, explicó que cuando reciben una orden de una autoridad competente para participar de un desalojo hacen una operación de planificación.
Añadió que con esta planificación se garantiza que el proceso de desalojo se ejecute sin contratiempos.
Agregó que en algunas ocasiones, además de la Policía Nacional, debe acudir el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) porque se debe tener un lugar a donde puedan ir las personas desalojadas.
Ramos abogó por una comunicación entre la autoridad competente y la Policía Nacional, porque una acción legal puede tener consecuencias sociales, lo cual a su vez trae, por ejemplo, medidas como el cierre de calles.
En tanto, la subdirectora Nacional de Asentamientos Informales del Miviot, Liseika Ruiz, dijo que al llegar a la entidad [2014] existían 408 asentamientos informales, en diferentes trámites. De esos, 74 se han resuelto y 37 de estos corresponden a legalización de comunidades.
En cuanto a la legalización, Ruiz indicó que cuando se trata de fincas privadas, investigan el estatus de la propiedad.
El objetivo, dijo, es concertar una reunión entre las partes involucradas para ver si es posible una negociación, a fin de brindar una solución para ambas partes.