Una denuncia por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública fue presentada ayer por el abogado Jaime Abad, quien solicitó que se investigue a las empresas Transcaribe Trading, S.A. (TCT), Excavaciones del Istmo, S.A. y otras ocho sociedades.
La denuncia de Abad se sustenta en una investigación personal en la que asegura que el grupo de 10 empresas estableció una “canasta común”, en la que habrían depositado más de 20 millones de dólares para pagar la deuda que en ese entonces tenía Editora Panamá América, S.A. (Epasa).
Según la denuncia –presentada ayer en el Ministerio Público– el dinero llegó a la “canasta común” en un lapso de 48 horas, entre el 20 y el 21 de diciembre de 2010.
Abad mencionó que algunas de las empresas que depositaron dinero en la cuenta “canasta” participaron en licitaciones públicas y que parte de los fondos estatales que se les pagó habrían sido utilizados para comprar el citado grupo editorial.
Explicó que la llamada cuenta “canasta” era una cuenta corriente en el Global Bank Overseas, Ltd., subsidiaria de Global Bank, destinada al depósito del dinero que presumiblemente proviene de fondos públicos.
Entre las empresas señaladas de participar en las supuestas irregularidades se encuentran además de TCT y Excavaciones del Istmo S.A. Gladden Corporation, Fursys Latin Corp., Caribbean Holding Services Ltd, High Spirit, Constructora Corcione y Asociados, Pavilion Financial Company, Inc., Pueblos ID, S.A. y Gold Park Investment (ver infografía).
En el caso de TCT –vinculada a David Ochy– esta empresa se ganó la licitación pública para construir la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, por un monto de $160 millones. Participó sola o en asociación en proyectos estatales por $400 millones durante la pasada administración.
En enero de 2015, un informe de la Comisión de Infraestructura Pública de la Asamblea Nacional reveló un sobrecosto de, al menos, unos $60 millones en la ampliación de la mencionada autopista.
El pasado 8 de abril, el Juzgado Decimoquinto Penal concedió a la Fiscalía Primera Anticorrupción un plazo de 10 meses para concluir las investigaciones en este caso.
De acuerdo con la denuncia de Abad, la empresa Excavaciones del Istmo, S.A., representada por Axel Gómez Suárez, tuvo a cargo los trabajos de rehabilitación de caminos en la provincia de Panamá Oeste por un monto de $27 millones.
Gladden Corporation está ligada al expresidente de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini. Esta sociedad fue creada en Bahamas en 1998, a través de la firma Mossack Fonseca, información que fue hecha pública a través de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Francolini actualmente está detenido en El Renacer, por la presunta comisión de delito contra la administración pública. El caso guarda relación con un préstamo de $7 millones, avalado por la junta directiva de la CA, entonces presidida por Francolini, a favor del consorcio HPCContratasP&V, a cargo de la construcción del centro de convenciones de Amador, un proyecto de $193 millones adjudicado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Su abogado, Carlos Carrillo, dijo que no haría comentarios respecto a la nueva denuncia hasta conocer sus detalles.
Los Pueblos ID, S.A. y Pavilion Financial Corp. están vinculados, a su vez, con el empresario Gabriel Gaby Btesh y el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi.
Pavilion Financial Corp. es dueña de un edificio que fue alquilado por $428 mil mensuales para la operación de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Mientras, la sociedad Caribbean Holding Services Ltd. se le vincula al empresario Aaron Rony Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, que a su vez está ligado al escándalo por la compra de un equipo de escuchas telefónicas conocido como Pegasus y con el fallido proyecto sistema de riego de Tonosí, ambos casos investigados por el Ministerio Público.
En junio de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores denunció que Caribbean Holding Services, Ltd. pudo ser uno de los beneficiarios finales de fondos ilegales de la cuenta High Spirit en la casa de valores Financial Pacific.
Aaron Mizrachi figura como uno de los firmantes y beneficiarios de la cuenta High Spirit.
En tanto, Constructora Corcione & Asociados está vinculada a Nicolás Corcione, actual miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, designado por el entonces presidente Ricardo Martinelli en 2010.
Al empresario se le abrió una investigación por presunto lavado de capitales, provenientes de obras asignadas por el exmagistrado de la Corte Alejandro Moncada Luna, quien cumple condena en El Renacer.
NIEGAN VINCULACIÓN
David Ochy, de TCT, negó cualquier vinculación con estos hechos y retó al denunciante Jaime Abad para que pruebe lo que denunció.
Mientras, el abogado de Gaby Btesh, Gilberto Pérez, dijo desconocer la denuncia y que, en consecuencia, no podía dar una opinión sobre el tema. En los mismos términos se expresó el abogado Roberto Moreno, representante legal de Corcione.
Mientras que Aaron Mizrachi, a través de su abogado Silvio Guerra, negó haber aportado dinero para la compra de Epasa.
En tanto, el abogado Alfredo Vallarino, quien representa a Pipo Virzi, no respondió las llamadas de este medio a su celular.
También se intentó hablar con Mike Btesh, vinculado a Fursys Latin Corp., pero antes de poder explicarle las razones de la llamada, el empresario colgó el teléfono.
Igualmente, se trató de obtener la versión de los representantes de Excavaciones del Istmo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
OTRAS VERSIONES
Al ser consultado por este medio, Francisco Arias Vallarino, quien negoció la venta de Epasa en representación de la familia Arias, aseguró que la editora vendió el 100% de sus acciones a la sociedad TPAHC, Inc. Dijo desconocer cualquier relación que el grupo de compañías denunciadas por Abad pudiese tener con la sociedad con la que pactaron la transacción comercial.
TPAHC, Inc. es una sociedad anónima creada el 7 de diciembre de 2010, cuyo cuerpo directivo estuvo formado inicialmente por Henri Mizrachi, actual miembro de la junta directiva del Canal por designación del expresidente Martinelli; Ricardo Chanis Correa, actual presidente de Epasa y quien, en el rol de abogado, lideró la compra siendo, al mismo tiempo, directivo de la Caja de Ahorros; y Greisy Rodríguez.
DILIGENCIA
Representantes de Global Bank aseguraron que siempre se hace la debida diligencia con todas las transacciones que se realizan a través de sus subsidiarias.
Agregaron que no conocían los detalles de la denuncia e insistieron en que la posición oficial es que no pueden divulgar detalles de las transacciones de sus clientes.
“Obviamente, a las autoridades sí, si así lo solicitan”, recalcó el representante del banco, Jorge Enrique Vallarino hijo.
(Con información de Yolanda Sandoval).
