Una denuncia penal fue presentada contra la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
La acción legal, interpuesta el miércoles pasado por Pablo González en su condición de asesor legal de Aeropuerto Internacional Tocumen, S.A., se basa en un refrendo de 2011 suscrito en una contratación para el suministro de combustible y lubricantes a aviones en el aeropuerto de Tocumen, sin que la compañía a la que se le adjudicó consignara la respectiva fianza de inversión.
Según el documento, la propia contralora, al momento del primer refrendo, se dio cuenta de que faltaba la fianza de inversión y aun así procedió.
Sin embargo, una vez se percató del error, envió una nota al entonces gerente de Tocumen, S.A., Juan Carlos Pino, y le pidió exigir “al contratista una Fianza de Inversión que garantice la ejecución de las inversiones del concesionario”.
Detalla la denuncia que la función de la contralora era negar el refrendo hasta la constitución de la fianza, por ser un requisito necesario.
Además, se le solicitó a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, que informe a la Corte Suprema de Justicia la necesidad de designar un juez de garantías, ya que el proceso se ventilaría conforme al sistema penal acusatorio, y que ordene la suspensión de la funcionaria.
TRÁMITE
En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, afirmó ayer que a su despacho no ha llegado aún la resolución de la Asamblea Nacional que recomienda a ese Órgano del Estado la destitución de la contralora general, por “negligencia e ineptitud” en sus funciones.
Ayú Prado, además, advirtió que no puede referirse al proceso burocrático del documento, ya que podría adelantar criterio y ser censurado cuando toque el momento de la deliberación al respecto.
(Con información de Luis Burón-Barahona)