El Gobierno mexicano protestó ayer por la promulgación en Texas de una ley que prohíbe las ciudades santuario en este estado del sur de Estados Unidos y que permite a las autoridades pedir a cualquier detenido su estatus migratorio.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta la promulgación de la ley SB4, por los efectos negativos que podría tener en la comunidad mexicana y de origen mexicano que vive y visita el estado de Texas”, destacó el ministerio en un comunicado.
El gobernador tejano, Greg Abbott, promulgó el pasado domingo la medida, en vigor a partir del 1 de septiembre y que contempla sanciones contra los agentes que se nieguen a cooperar con las autoridades federales. “Los tejanos esperan que garanticemos su seguridad y esto es exactamente lo que estamos haciendo”, aseguró Abbott.
El Gobierno mexicano alertó de que “este tipo de medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de discriminación racial y reducen la colaboración de la comunidad migrante con las autoridades locales”, aseguró.
Los mexicanos o ciudadanos de origen mexicano representan casi el 40% de los cerca de 28 millones de habitantes que tiene Texas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó que Abbott haya dado a la Policía “una licencia para discriminar”.
Un juez estadounidense suspendió a finales de abril la aplicación de un decreto del presidente Donald Trump que priva de fondos federales a las ciudades santuario, aquellas que se oponen a su decreto antimigratorio y que protegen a sus habitantes indocumentados.
El estado de Texas se colocó en el frente del debate nacional sobre la inmigración luego de que su gobernador republicano promulgó sin aviso previo al público la ley, con lo que permitió que las autoridades policiales de ese estado puedan preguntar su condición migratoria a las personas que detenga, incluso durante paradas de rutina.