Francisco Javier Terrientes, ministro de Salud, fue denunciado ayer por la supuesta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial ante el Ministerio Público.
La acción legal se fundamenta en la ejecución de un proyecto para la instalación de un depósito de desechos radiactivos en Corozal, corregimiento de Ancón, bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud (Minsa).
Donaldo Sousa, abogado querellante, sustenta la denuncia en la supuesta violación de normas ambientales y de ordenamiento territorial vigentes, ya que esta área se encuentra amparada por la Ley 21 de julio de 1997 sobre el plan de uso de suelo del área del Canal.
“A pesar de que ya se inició la obra con los trabajos de instalación para los desechos radiactivos, sabemos que no se realizó el estudio de impacto ambiental correspondiente, que en este caso tendría que ser de categoría III, y esto es preocupante porque las autoridades panameñas no están cumpliendo con las normas para preservar la integridad, calidad de vida de los residente de la zona”, dijo Sousa.
La denuncia alcanza a la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Mirei Endara, por la presunta violación de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, que dicta la ley general de ambiente al permitir la instalación de un centro de desechos radiactivos sin estudio de impacto ambiental.
Este medio buscó la versión del Minsa, sobre la denuncia presentada por Sousa, pero no hubo respuesta.
Sin embargo, la semana pasada la directora nacional de Salud, Itza Barahona de Mosca, señaló que dicha zona “no va a ser ningún depósito para material radiológico”, y que el Minsa está adecuando el área para que sea un sitio seguro al momento de tratar algún artefacto riesgoso, el cual se llevaría a esta área para examinarlo y eliminarlo”. Es decir tener las instalaciones para cualquier eventualidad.