Además de la audiencia por supuestas violaciones a los derechos humanos del expresidente Ricardo Martinelli, que se efectuará hoy en la mañana, sus abogados pidieron –y se llevarán a cabo– otras tres audiencias con las que el exgobernante pretende que se admitan denuncias contra una funcionaria y dos dirigentes de la sociedad civil organizada.
El exmandatario acusa a la directora de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales de la Cancillería, Fara Diva Urrutia, por la presunta comisión del delito de omisión de los deberes de los servidores públicos.
Asimismo, a Annette Planells, de Movin, y la abogada Mariela Ledezma, conductoras del programa radial Sal y Pimienta, por la presunta comisión de delitos contra el honor.
Fuentes judiciales confirmaron que la primera audiencia es la solicitada por los abogados de Martinelli por la presunta violación de sus derechos humanos.
La defensa del exmandatario alega que en la fase intermedia del proceso que se le sigue a este –por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado–, el magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías– no permitió que Martinelli fuera evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que determinara si su estado de salud ameritaba un cambio de la medida de detención provisional que le fue impuesta.
La fase intermedia del proceso se efectuó en la Corte Suprema de Justicia, que declinó su competencia en diciembre pasado, y por ello el caso pasó a la justicia ordinaria, en la que se llevarán e efecto hoy estas audiencias.
Querellas
Según las fuentes, la primera de las audiencias en las que Martinelli figura como querellante es contra Planells y Ledezma. La denuncia fue presentada en agosto de 2018 por el abogado Alejandro Pérez, después de que supuestamente ambas injuriaron y calumniaron al exmandatario a través de comentarios hechos en las redes sociales.
En este caso, Martinelli pide un resarcimiento de 2 millones de dólares.
Mientras tanto, en el caso de Urrutia, la denuncia aduce que, como funcionaria de la Cancillería, ella permitió que se lesionara la soberanía nacional al permitir la extradición del exgobernante desde Estados Unidos, trámite que se cumplió en junio de 2018. La denuncia fue presentada en agosto de ese año.
Recusaciones
Por otro lado, la defensa de Martinelli presentó ayer ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá las pruebas que, según afirma, fundamentan la recusación contra la jueza Arlene Caballero, designada para actuar en el juicio oral a Martinelli por los pinchazos, fijada para el 12 de marzo.
Entre los documentos aportados por los abogados de Martinelli figura la certificación de que, a partir del 4 de marzo de 2010, Caballero ocupó el cargo de asistente del magistrado Harry Díaz, quien actuó como fiscal en el proceso de los pinchazos cuando este se desarrolló en la Corte.
Asimismo, una nota del magistrado Díaz, fechada 25 de febrero de 2019, en la que afirma que Caballero ya no labora en su despacho.
El Tribunal Superior de Apelaciones también debe resolver las recusaciones contra los otros dos jueces designados para el juicio a Martinelli –Roberto Tejeira y Raúl Vergara–, interpuestas por Rubén Polanco y Juan Carlos Navarro, víctimas de las escuchas.
En el caso de Tejeira, ambas víctimas alegan que este fungió como vicegobernador de Panamá durante el gobierno de Martinelli.
Mientras, Vergara fue objetado por haber tramitado un caso por delitos contra el honor contra Polanco.
Los querellantes y víctimas alegan que los recursos presentados por la defensa de Martinelli solo buscan dilatar el proceso.