El juicio político a la ahora expresidenta de Brasil Dilma Rousseff concluyó ayer con la decisión del Senado de sacarla definitivamente del cargo, aunque no le quitaron sus derechos políticos.
El resultado de la votación excedió las previsiones. 61 senadores votaron a favor de destituirla y 20 lo hicieron en contra. Nadie se abstuvo.
En la segunda votación, para decidir si se vetaba la participación pública de la líder del Partido de los Trabajadores (PT), los números mostraron mayor división: 42 a favor, 36 en contra y 3 abstenciones.
Sin embargo, la lucha no ha terminado, como lo dijo Rousseff en un rueda de prensa, antes de dejar la residencia de la Alvorada. Su defensa apelará ante la Corte Suprema el juicio, anunció el exfiscal general y abogado de la política José Eduardo Cardozo, quien remarcó que la destitución es un golpe parlamentario y que la decisión ocurre en un día triste para la democracia brasileña.
“Ellos creen que nos derrotaron, pero se equivocan”, advirtió Rousseff entre vítores y gritos de ¡Fuera Temer! de sus seguidores y miembros de su gobierno.
La exmandataria dijo que formará“la oposición más fuerte, activa y tenaz que sufrirá jamás un gobierno golpista”, e insistió en que es inocente. Mencionó la palabra “golpe” 14 veces en su discurso de 12 minutos y manifestó que su destitución comprende “un ataque contra los movimientos sociales, los sindicatos y quienes defienden sus derechos”.
“Salgo de la Presidencia con dignidad porque sé que no cometí ningún delito”, aseguró la líder de izquierda, que da por terminado un ciclo de 13 años de gobierno del PT, que empezó con el de su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2003.
“Vine aquí y creo que di lo mejor de mí y de mi capacidad, no huí de mis responsabilidades (...) En este momento respiro para decirles que no quisiera estar en el lugar de los que se crean vencedores, la historia va a ser implacable con ellos, como ya ocurrió en décadas pasadas”, apuntó.
La destitución de Rousseff generó una ola inmediata de críticas de los aliados de la izquierda en la región, presidentes y expresidentes que se definen como socialistas del siglo XXI, que aseguran que se trata de un ataque de la derecha conservadora que quiere volver al poder tras años de verse desplazada por gobiernos populares.
El primero en reaccionar fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en Twitter. “Destituyeron a Dilma. Una apología al abuso y la traición. Retiraremos nuestro encargado de la embajada. Jamás cohonestaremos estas prácticas que nos recuerdan las horas más obscuras de nuestra América (...)”.
Poco después, un comunicado de la Cancillería, disponible en su sitio web, reiteró la postura. “El espurio procedimiento de destitución llevado adelante en instancia legislativa, que culminó con la decisión de este día, no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad (...). Añade el texto que no se puede pasar por alto que “un número importante” de los senadores que tomó la decisión “están siendo investigados por graves actos de corrupción”. Ante estos hechos que, advierte el gobierno de Correa, suponen un serio riesgo para la estabilidad de la región y constituyen un grave retroceso en la consolidación de la democracia, Ecuador llamó a consultas al encargado de negocios en Brasil.
En términos similares se pronunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que en un comunicado calificó la decisión del Senado como “un golpe parlamentario” mediante el cual se sustituyó“ilegítimamente la voluntad popular de 54 millones de brasileños, violentando la Constitución”. Añade el texto que lo sucedido “forma parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares, nacionalistas y de izquierda, cuyo fin es restaurar modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas”.
Venezuela informó que “retira definitivamente” a su embajador en Brasil, y “congela las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno” surgido del “golpe parlamentario”.
Bolivia también rechazó la salida de Rousseff, que calificó de golpe de Estado. “El Gobierno hace un llamado a todos los Estados de nuestra región a rechazar estos golpes de Estado ‘suaves’ ante el peligro de debilitación de la institucionalidad de la democracia (...)”, dice el texto oficial y llamó a consultas a su embajador.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba también rechazó lo que califica como “ golpe de Estado parlamentario-judicial”. El Gobierno cubano aseguró que no se presentaron evidencias de delitos de corrupción ni crímenes de responsabilidad y, al igual que Ecuador, Venezuela y Bolivia, aseguró que se trata de “otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía” contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la estabilidad de las naciones.
El gobierno del presidente Mauricio Macri, en tanto, se pronunció en una nota de dos párrafos, publicada en el sitio de la Cancillería. Manifestó que “respeta el proceso institucional” verificado en Brasil y “reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional”.
En una posición moderada, el Gobierno de Chile indicó que, “respetuoso de los asuntos internos de otros Estados”... “reafirma su firme amistad entre ambos países y expresa la confianza en que Brasil resolverá sus propios desafíos a través de su institucionalidad democrática”. Asimismo, expresó“su aprecio y reconocimiento a la presidenta Dilma Rousseff y consigna que nuestros países mantuvieron una relación intensa y productiva durante su mandato”.
(Con información de AP, AFP y Reuters)
