Tras el rechazo generado por diferentes sectores del país, el presidente Juan Carlos Varela derogó ayer el Decreto Ejecutivo 302 del 31 de agosto de 2016, que otorgaba jubilaciones especiales a altos mandos de organismos de seguridad del Estado.
La derogación, establecida en el Decreto Ejecutivo 350, firmado y promulgado ayer en la Gaceta Oficial,señala: “fruto de la deliberación pública, se puede concluir que la disposición adoptada resulta inconveniente y es recomendable su derogación”.
El debate por este decreto surgió, debido a que incorporó al plan de jubilación por 25 años de servicios de forma continua o 30 años de forma interrumpida a quienes hubieran sido juramentados por la Policía Nacional y nombrados por el Ejecutivo “en los cargos de ministro, viceministro, director general, subdirector general, secretario ejecutivo y/o subsecretario ejecutivo, que prestan sus servicios en otras dependencias del Estado”.
Es decir, que los años que ese funcionario trabajara en el Gobierno central se le contarían como años de servicios en la Policía Nacional.
No obstante, en lugar de utilizar la legislación de la propia Policía Nacional para dictaminar el monto de la jubilación, según la cual este será igual al último salario recibido en la institución, la Presidencia usó la Ley 93 de 2013, que reorganiza al Servicio Nacional Aeronaval.
Dirigentes de la sociedad civil organizada denunciaron que el Decreto 302 originaba un conflicto de intereses, ya que beneficiaba directamente a varios funcionarios activos en la actual administración; entre ellos, el director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo; el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt –quien firmó el decreto–, el director del Servicio Nacional Aeronaval, Belsio González; y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, entre otros.
En su momento, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, manifestó que la norma se hizo “porque no era justo perjudicar a un oficial de la Policía que acepta un cargo en el gobierno civil y que esa persona, por prestar un servicio como ministro, viceministro, director, subdirector, secretario o subsecretario ejecutivo vaya a perder un derecho que está contemplado en la Ley Orgánica de la Policía”.
En la Corte Suprema de Justicia fueron presentadas dos demandas contra el Decreto 302, por las que ahora los magistrados tendrán que declarar sustracción de materia.