Desde el 1 de julio hasta el 21 de diciembre del presente año, la Asamblea Nacional de Panamá (AN) tuvo 52 debates de leyes, de los cuales la ciudadanía participó en 49.
Según estadísticas de la AN, al menos mil 100 personas asistieron a estos debates, entre los que se destacan temas comerciales, migratorios, de asuntos indígenas, cooperación y convenios entre países, tratados de extradición, entre otros.
Otras cifras, en el mismo periodo, señalan que en la AN hubo 19 mil 979 visitas presenciales.
De estas, 252 fueron a la Biblioteca Justo Arosemena; 13 mil 727 a los despachos de los diputados; 3 mil 555 a las diferentes áreas administrativas; mil 550 al palco del pleno legislativo y otras 895 a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
Asimismo, hubo 3 visitas de cortesía de embajadores o representantes del cuerpo diplomático y parlamentos de distintos países a los miembros de la Directiva de la Asamblea Nacional, 3 visitas guiadas de estudiantes nacionales e internacionales y 197 mil 925 visitas al sitio web de la institución.
CUESTIONAN INFORME
Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional Jóvenes por la Transparencia, indicó que la AN ha tomado en cuenta a “importantes sectores de la sociedad civil”; sin embargo, considera que el retraso de las sesiones, por ejemplo, generan descontento a las personas que asisten en los debates. “Sentimos que la mayoría de los sentires populares son escuchados por los diputados mas no tomados en cuenta (…); escuchan, prometen, invitan, pero no actúan en cónsono con lo que la gente les comunica”, sentenció.
Vásquez asegura que ejemplos claros son los recientes debates ciudadanos de la ley de educación sexual, las reformas electorales o las reformas a la ley de contrataciones públicas, entre otros.
“Aplaudimos la creciente ola de invitaciones a la ciudadanía para ser oída en la AN, pero urge que los diputados cumplan con su rol y representen el verdadero sentir de los ciudadanos que escuchan”, señaló el representante de la juventud.
Vásquez añadió que a pesar de que la ley no “obliga jamás a consultar y que lo hacen de buena voluntad y por gusto”, la norma debe cambiar.
La Unidad de Promoción de la Participación Ciudadana fue creada en julio del año 2000, con el objetivo principal de estimular la iniciativa popular en materia de legislación y fiscalización.