En aproximadamente 10 días se prevé iniciar en la Asamblea Nacional el primer debate del anteproyecto de ley 115, que plantea deducir del impuesto sobre la renta los gastos escolares en los que incurran los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas en escuelas y universidades particulares.
La iniciativa fue presentada el pasado 18 de enero en la Asamblea por los diputados Juan Carlos Arango, del Partido Popular; Héctor Carrasquilla, de Cambio Democrático y Samir Gozaine, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La propuesta, que ya fue remitida a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, consta de tres artículos y abarca desde la educación básica general hasta el nivel universitario.
En el primer artículo de la iniciativa se concentra la esencia de la propuesta y se ordena adicionar un numeral al artículo 709 del Código Fiscal, que se refiere al tipo de deducciones anuales a las que tienen derecho las personas naturales.
Se detalla que los gastos escolares en los que incurra el contribuyente con respecto a los dependientes menores en concepto de matrícula, mensualidad, útiles y transporte escolar serán deducibles.
Además, serán deducibles los gastos en educación superior de los dependientes mayores de edad del contribuyente que aún se encuentren bajo su tutela relativos al pago de la matrícula. Este beneficio deberá ser extendido a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios.
De acuerdo con Arango, a través de esta iniciativa, “se quiere hacer justicia social a las cientos de familias de la clase media que hacen un esfuerzo por brindar una mejor educación a sus hijos”.
No obstante, reconoció que una vez se inicie el debate se tendrán que ajustar y aclarar algunos detalles.
Por ejemplo, mencionó el monto tope que podrá ser deducible del impuesto sobre la renta y qué metodología se aplicará para los padres y madres de familia que no hacen declaración de renta.
“Queremos mantener esto lo más sencillo posible para que sea un real beneficio para las familias”.
RESPALDAN INICIaTIVA
Para los miembros del sector privado, como la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la propuesta es necesaria.
Datos del Ministerio de Educación (Meduca) detallan que la población estudiantil en todo el país es de 850 mil alumnos aproximadamente, de los cuales 150 mil asisten a centros de enseñanza privados.
Katya Echeverría, vicepresidenta de Uncep, asegura que el sector particular es un gran aliado para el sistema público de educación.
El Estado destina un aproximado de 3 mil dólares anuales por alumno en el sistema educativo oficial y si se toma eso en cuenta y se multiplica por los 150 mil alumnos en escuelas particulares, se está restando una carga económica al Estado de unos 450 millones de dólares anuales, explicó.
Respecto a la propuesta, dijo que esta ha sido una aspiración desde hace años y que participarán activamente de las consultas que se hagan respecto al tema.
En tanto, la CCIAP, mediante una nota de prensa, expresó que “estamos convencidos de que esta es una medida que le hace justicia a aquellos acudientes y padres de familia, que realizan esfuerzos por costear una educación particular para sus hijos con todos los gastos que ello conlleva”.
VIABILIDAD
Desde el punto de vista financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha emitido una posición oficial al respecto.
Sin embargo, en declaraciones recientes, el ministro de esta cartera, Dulcidio De La Guardia, no se mostró convencido con el anteproyecto de ley.
Expresó que “en Panamá hay que tener una discusión al revés. La presión fiscal panameña o lo que pagamos en impuesto está entre los más bajos de América Latina y sin los recursos, el Estado no puede llevar a cabo las obras y soluciones para impactar a los más necesitados”.
Agregó que definitivamente “los recursos son menos que las necesidades”.
Esta no es la primera vez que se plantea una propuesta como esta. El año pasado, los diputados Zulay Rodríguez y Raúl Pineda, del PRD, también presentaron una iniciativa similar, en la que se establecía una deducción de hasta 2 mil dólares anuales por gastos educativos. Pero el proyecto nunca se discutió.
Además, en el plan de gobierno denominado “El Pueblo Primero”, del presidente de la República, Juan Carlos Varela, también se propuso esta alternativa, aunque sin definir un monto específico.
De acuerdo con los diputados que impulsan la propuesta, ahora sí existe ambiente, tanto en el pleno legislativo como en distintos sectores de la sociedad, para discutir el tema este año antes de que se prepare el presupuesto de 2017.