Desilusionados y engañados se sienten 200 jóvenes de los corregimientos de Alcalde Díaz, Las Cumbres y Ernesto Córdoba a quienes se les prometieron cursos de electricidad e inglés durante la pasada administración del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).
Sin embargo, la empresa ganadora de la licitación, Ilvem Panamá, S.A., no cumplió con el contrato.
Luis Osorio, un joven de 20 años de edad que vive junto con su madre y cinco hermanos, narró que a cambio de anotar en una lista su nombre, apellido, cédula y número telefónico, le ofrecieron un curso de inglés y un bono de $20, pero nunca se concretó.
“Creí que esta iba a ser una oportunidad laboral para mí, pero las personas que me solicitaron los datos simplemente desaparecieron y nunca me llamaron”, manifestó Osorio.
Igual le ocurrió a Thelma Santamaría, quien cuenta que fue obligada a inscribirse a los cursos por su jefe inmediato, Edgar Omar Quintero, quien resulta ser el representante legal de la empresa Ilvem Panamá, S.A., y firmante del contrato de capacitación No. DG-25-13 con el Inadeh en diciembre de 2013.
“Quintero me dijo que tenía que firmar esa lista porque él necesitaba llevar eso para lo del curso... igual lo hizo con dos personas más, que también trabajaban en la empresa”, agregó.
Mientras que Joel Carrera contó que sí recibió un curso básico de electricidad residencial al cual asistió de lunes a viernes en horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. durante un mes, pero hasta la fecha, no ha recibido el certificado de participación ni la caja de herramientas que le fue prometida por un valor de $600.
“Varios compañeros me preguntan qué pasó con el certificado, porque yo trabajaba con el que era jefe encargado de esos cursos, pero nunca nos dijeron nada”.
DENUNCIA
Ante esos hechos, Naismith Mojica, excontador de Quintero, presentó el 21 de enero ante el Ministerio Público una denuncia penal en contra de su antiguo jefe por la presunta comisión de “delitos contra el patrimonio del Estado”.
Mojica explicó que desde antes de que Ilvem Panamá, S.A. se ganara el contrato, “ya había la intención de cometer un delito”. Añadió que la licitación en componenda con antiguos funcionarios del Inadeh fue modificada para no dar oportunidad a que ninguna otra empresa se lo ganara.
Afirmó que el curso solo fue ofrecido a 80 personas y no a 200 como señalaba el contrato, por el cual Ilvem Panamá, S.A. recibió $72 mil 533 (30%) por adelantado del valor total del acuerdo, que es $249 mil 954.
Para poder cobrar el 70% restante, Quintero contrató a una persona para que se encargara de completar las listas de “supuestos participantes”, dijo Mojica, logrando que la entidad le desembolsara $169 mil 244.
A esos desembolsos se les debe sumar $8 mil 176 que se pagó en concepto de impuesto al Tesoro Nacional.
TODO ES FALSO
Por su parte, Quintero reaccionó y señaló que todo lo denunciado es “completamente falso”, pues Ilvem Panamá, S.A. cumplió con el 100% del contrato e incluso señaló que fueron objetos de varias supervisiones y auditorías por parte del Inadeh y que un seminario que debía ejecutarse en dos meses se extendió a seis.
“Muchos estudiantes desertaron porque no podían cumplir con los horarios; sin embargo, se cumplió con capacitar a las 200 personas”, afirmó Quintero.
Agregó que Ilvem Panamá, S.A. es una compañía con más de 11 años de estar radicada en el país, ofreciendo entrenamiento en lectura veloz y perfeccionamiento de las capacidades mentales, además de diversos tipos de capacitación, como plomería, servicio al cliente y cursos de inglés.
Con respecto al tema, el exdirector de la institución José Pablo Ramos indicó que cuando se ofrecen este tipo de cursos no tienen mecanismos para certificar si realmente se dieron o no.
La única manera que hay en el Inadeh para ver si se están dando los cursos es a través de los supervisores de áreas y la entrega de las listas de asistencia, manifestó.
AUDITORÍA
En tanto, Modaldo Tuñón, actual director del Inadeh, señaló que solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría exhaustiva de un sinnúmero de acciones realizadas durante la pasada administración.
Puntualizó que “se están investigando muchas cosas, no solo esto, con lo cual tenemos que esperar hasta que las investigaciones se lleven a cabo para emitir un juicio y proceder como establece la ley.
La institución para este año cuenta con un presupuesto total de $43.7 millones.
