Panamá ha dado pasos importantes para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sin embargo, persiste la desigualdad laboral.
Esta fue la conclusión de expertos en el tema que participaron ayer en el foro “Los costos cuantificables e invisibles de las violencias contra las mujeres”, organizado por el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
La vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, expresó que las mujeres representan la mitad de la población del mundo, cultivan el 80% de los alimentos y realizan unos dos tercios de las horas de trabajo, pero reciben una décima parte de los ingresos globales y son el 70% de los pobres del mundo.
En ese sentido, de Saint Malo de Alvarado, explicó que en Panamá se hace necesario liderar esfuerzos para que las mujeres alcancen un estado ideal de desarrollo, sin discriminación, y que puede servir de ejemplo para el mundo.
Agregó que para alcanzar este reto se requiere ampliar la participación de las mujeres en el empleo, en niveles salariales y en la creación de empresas.
Añadió que el país tiene una evolución favorable en relación al empleo femenino, dado que de 10 personas trabajadoras 4 son mujeres.
Sin embargo, existen diferencias. Por ejemplo, el 79% de los hombres son laboralmente activos, mientras que las mujeres llegan solo al 49%. Además, la tasa de desempleo entre mujeres jóvenes llega al 13%, por encima de la tasa total que está alrededor del 5%.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, indicó que a pesar de los avances, la violencia contra las mujeres está presente.
Recordó que en Panamá entre 2009 y 2014 se registraron 343 feminicidios y que en todo el mundo la Organización Mundial de la Salud sitúa a la violencia contra la mujer como la principal causa de muerte y discapacidad permanente en féminas de 15 a 45 años de edad.
Los planteamientos de Vásquez son compartidos por la directora del Inamu, Liriola Leoteau, quien dijo que uno de los temas pendientes es la reglamentación de la Ley No. 82 de octubre de 2013, por medio de la cual se tipifica el delito de feminicidio y la violencia contra la mujer.
De igual modo, está el desafío de crear albergues del Inamu en distintas provincias del país. Actualmente operan ocho centros.