La Fiscalía guatemalteca detuvo ayer a varios empresarios y exfuncionarios acusados de prácticas fiscales fraudulentas que costaron a las arcas públicas millones de dólares en la nación centroamericana, se informó oficialmente.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo que al menos siete empresarios y un exfuncionario han sido apresados. La Policía refirió que hay otros exfuncionarios implicados.
De acuerdo con las autoridades, los empresarios se encargaban de buscar a otros miembros de su sector que necesitaban devoluciones fiscales, que luego se encargaban de cobrar, obteniendo comisiones con el visto bueno de las autoridades.
La pesquisa es la continuación de un caso anterior en el que se cobraron más de $10 millones de manera fraudulenta, que luego fueron devueltos junto a una multa tras descubrirse esa maniobra. Sandoval dijo que entre los empresarios detenidos figura el industrial del acero Inngmar Iten.
Juan Francisco Solórzano Foppa, exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), comentó que el narcotraficante Marlón Monroy, alias El Fantasma, extraditado a Estados Unidos, había declarado a las autoridades que Iten le solicitó atentar contra él por investigarlo por este caso.
En tanto, la Dirección de Comunicación de la Policía confirmó que uno de los exfuncionarios detenidos es el exsuperintendente de SAT Rudy Villada, quien habría permitido las devoluciones fiscales millonarias a los empresarios.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) confirmó ayer que se llevaban a cabo allanamientos y detenciones por el caso.
Uno de los allanamientos se realizaba en el Ingenio Magdalena, propiedad del empresario Mario Leal, quien intentó buscar la vicepresidencia de la República por el partido Unidad Nacional de la Esperanza y fue financista del Partido Patriota, que llevó al poder al expresidente Otto Pérez Molina, que tuvo que renunciar en 2015 al cargo luego de ser acusado y posteriormente detenido por corrupción.
Por otro lado, la constructora brasileña Odebrecht acordó pagar al Estado 17.9 millones de dólares, monto equivalente a los sobornos que recibieron funcionarios públicos para adjudicar contratos, dijo la fiscalía local.
En 2016, los ejecutivos de la constructora admitieron haber entregado a autoridades guatemaltecas sobornos por unos 18 millones de dólares para obtener los contratos de construcción de una carretera.
Una investigación entre las fiscalías de Brasil y Guatemala, junto con la Cicig, reveló hace cuatro días que el exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi pactó recibir $19.5 millones para asegurarse de que Odebrecht obtuviese el contrato por $300 millones. Sin embargo, Sinibaldi, quien ha permanecido como fugitivo desde 2016, solo recibió $17.9 millones, determinó la investigación.