El hecho de que una finca esté inscrita en el Registro Público no implica la existencia irrefutable del bien.
En el país, además, no existe una base de datos en la que repose información de Catastro, de la Dirección General de Ingresos, de las notarías, del Registro Público y el Registro Civil.
A las 23 notarías a disposición de más de 4 millones de habitantes les resulta complejo, por no decir imposible, la fiscalización de todos los documentos que allí se presentan.
Son precisamente estos vacíos los que han dado lugar a la proliferación de casos de inscripción fraudulenta de fincas que ya tienen dueño o a la venta de terrenos probablemente inexistentes.
Algunos de los problemas surgen de procesos de titulación, posterior segregación y varios procesos de venta y consecuentes afectaciones de las fincas.
Especialistas aconsejan a los compradores verificar en campo la existencia de las fincas, en especial cuando se trata de ubicaciones con linderos conflictivos.
VEA: Conflictiva venta de tierras