Desde que Daniel Ortega pasó de oprimido a opresor, para los nicaragüenses la libertad de expresión, de protesta, es un espejismo.
Del hoy añejo guerrillero que luchó contra el régimen nefasto de Anastacio Somoza Debayle solo queda un violador sistemático de los derechos de sus compatriotas, calco exacto de quien una vez enfrentó.
Ayer, 94 representantes de los países que forman parte del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, entre ellos Panamá, urgieron a la dictadura orteguista a respetar los derechos humanos, garantizar la libertad de expresión, cesar la represión a las protestas ciudadanas y a liberar a todos los presos políticos.
El EPU es un proceso que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones.
Sobre los presos políticos en Nicaragua, la Alianza Cívica demanda la liberación de 779 personas que fueron detenidas por haber participado en las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
La situación física de los reos es desconocida, por lo que ayer el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitó a las autoridades que le permita ingresar a las mazmorras del régimen, a fin de constatar lo que está pasando.
Posición gubernamental ante el EPU de Naciones Unidas.
Elecciones libres
En el análisis del EPU, naciones como Francia y Japón fueron más allá al exigirle al gobierno de Ortega que comience “un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional”.
Igualmente, se recomendó reanudar las relaciones entre la dictadura y los organismos de derechos humanos internacionales que fueron expulsados el año pasado, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estados Unidos recomendó castigar a los “funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas”.
También solicitó que se realicen investigaciones inmediatas y que se libere a todos los presos políticos, respetar la libertad de expresión, cesar la represión policial y todo tipo de violencia contra los manifestantes.
En el debate del EPU, Nicaragua contó con el consabido apoyo de las delegaciones de Irán, Rusia, Venezuela y Cuba.
Valdrack Jaenschke, vicecanciller de la dictadura orteguista, llamó, junto a esas naciones, a “seguir defendiendo la paz y sostener el progreso social en Nicaragua”.
Curiosamente, Rusia condenó la represión a los manifestantes. “Condenamos que en el país se reprimen las manifestaciones y estamos en contra de estas prácticas para aplicar presión a los líderes de Nicaragua”, sostuvo la diplomacia rusa .
Jaenschke, por su parte, no escatimó tiempo para hablar de los “logros y avances” de la dictadura, señalando que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bajo la batuta de Ortega y su camarilla, ha sido víctima de la intervención extranjera desde 1979, cuando derrocaron al también dictador Anastacio Somoza Debayle.
Negociación
Las negociaciones para buscarle una salida a la crisis nicaragüense no avanzan, ni a paso de tortuga.
Hay falta de voluntad por parte del gobierno, denunció esta semana la Alianza Cívica.
El gobierno tiene “mucha maniobra política y muy poco compromiso para resolver el fondo de este asunto y el país requiere de soluciones”, aseguró Mario Arana, representante de Alianza Cívica en la mesa de negociaciones.
No obstante, indicó que “vamos a estar aquí porque creemos en la democracia, creemos en la importancia de restablecer la justicia en Nicaragua y creemos que los presos deben salir libres y creemos que el país debe regresar a su convivencia, donde haya estabilidad, democracia y un porvenir a largo plazo”.
(Con información de La Prensa y El Nuevo Diario, de Nicaragua)