En las calles y avenidas de Nicaragua, donde unos grisáceos adoquines acomodados linealmente aún sirven de refugio ante la acometida de la dictadura, 317 personas, entre jóvenes y adultos, han perdido la vida desde el pasado 18 de abril hasta este 30 de julio.
Entre la cifra total de fallecidos se cuentan 23 menores de edad y 21 policías, según reportó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las muertes han sido producto, en su mayoría, de la acción de grupos paramilitares que, fuertemente armados, atemorizan a la población.
Ante esta innegable realidad, el dictador de turno, Daniel Ortega Saavedra, parece no inmutarse. Asegura que ha devuelto la paz a esta cada vez más empobrecida nación centroamericana, además de haber derrotado a los “terroristas”, como suele llamar a quienes salen a las calles casi a diario a pedir que abandone el poder.
Ayer, estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) protestaron para que se cumpla con la norma constitucional que otorga el 6% del presupuesto estatal a las universidades gubernamentales, medida que ha sido suspendida por la dictadura.
Regentado por jesuitas, este centro de estudios anunció esta semana el cierre temporal de actividades por la falta de financiación.
“Los universitarios fueron los primeros en levantarse y el Gobierno ahora nos lo está cobrando”, aseguró una estudiante que la AFP solo identifica como Mariana.
Grupo de trabajo
Siendo exactamente las 2:39 de la tarde de ayer , en su sede de Washington DC, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 20 votos a favor, entre ellos el de Panamá, la creación de un grupo de trabajo para mediar en la crisis en Nicaragua.
Esta comisión debe viajar al país y constatar in situ el nivel de violencia contra la población civil.
Además, debe, según se informó, intentar mediar con el gobierno de Ortega para que retome el diálogo nacional.
La resolución fue impulsada por las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Perú y Costa Rica.
Antes de su aprobación, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dijo no estar de acuerdo con la convocatoria de la sesión extraordinaria ni con el orden del día ni con el proyecto de resolución.
“No hemos pedido apoyo ni ayuda al Consejo Permanente. Rechazamos todo lo que apruebe”, sostuvo Moncada.