La justicia española dictó ayer jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron ayer jueves a declarar a Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras.
Sin embargo, dejó en libertad provisional bajo fianza de 50 mil euros (58 mil 300 dólares) al noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre.
La jueza alegó que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas para justificar la prisión a espera de juicio.
“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, dijo el abogado de Junqueras y otros encausados, Andreu Van den Eynde. El presidente independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encontraban en Bélgica y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición.
El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos,
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica, “donde se encuentran o al menos han viajado” los concernidos, indicó el documento de la fiscalía al que tuvo acceso AFP. El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.
En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del Parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell. El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.
“La defensa ha pedido un tiempo para preparar de una manera más razonable su estrategia”, manifestó Javier Melero, uno de los abogados defensores de los miembros del Parlamento, quien respondió“por supuesto” cuando se le preguntó si Puigdemont debería haber acudido.
“Supongo que forma parte de una estrategia judicial”, indicó sobre la ausencia de Puigdemont la portavoz de su partido, el PDeCAT, Marta Pascal.
Los 20 (14 miembros del gobierno y seis del Parlamento) estaban citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el 27 de octubre, a la que el gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del Parlamento.
Mientras, miles de catalanes salieron ayer a las calles para protestar contra el encarcelamiento de los exfuncionarios.
PUIGDEMONT EXIGE ‘LIBERACIÓN’
Por su parte, Puigdemont exigió en un mensaje transmitido por televisión la liberación de los ocho miembros de su gobierno puestos en prisión provisional ayer jueves en España. “Como presidente legítimo de Cataluña, exijo la liberación de los consejeros y del vicepresidente” Oriol Junqueras y “el fin de la represión política”, señaló Puigdemont en el video emitido por la televisión pública catalana TV3, que indicó que el presidente cesado hablaba desde Bélgica.