Representantes de organizaciones ambientales no salen del asombro al conocer que una fundación manejará los recursos del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (Cbmap).
Esta responsabilidad era de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), a través de una unidad ejecutora en la entidad, ya que se trataba de aportes del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, del Gobierno Nacional y ayudas de socios estratégicos del proyecto.
Sin embargo, lo que más inquieta a los activistas es que, en la junta directiva de la organización denominada Fundación Público-Privada de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos, aparece el nombre de Silvano Vergara, actual administrador de la Anam (ver tabla).
Para Harley Mitchell hijo, exdirector de Legal de Anam, los pocos recursos que tiene la institución, además de las áreas protegidas, serán traspasados a una fundación y podría prestarse para mal manejo de fondos públicos.
Un ejemplo claro que utilizan los activistas para rechazar la iniciativa de Anam es lo que ocurrió durante la administración de Mireya Moscoso con la Fundación Mar del Sur.
En aquella ocasión, varios funcionarios fueron investigados por el supuesto mal manejo de unos $45 millones provenientes de donaciones hechas por el Gobierno de Taiwan.
De acuerdo con Mitchell, la fundación no solo administraría fondos del Corredor Biológico Mesoamericano, sino también los que llegan a la Anam en concepto de compensaciones ecológicas de empresas como AES y minera Petaquilla.
Por su parte, Antonio Chang, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), exhortó a la sociedad civil, organismos internacionales y multilaterales a mantenerse vigilantes de este proceso “lesivo a los intereses ambientales del país y al futuro de las áreas protegidas”.
Incluso, la semana pasada varias organizaciones llevaron a cabo un foro en el que trataron este tema.
Por su lado, el administrador de la Anam, Silvano Vergara, subrayó que la fundación busca la sostenibilidad de 300 proyectos ambientales que se hicieron con fondos del Corredor Mesoamericano.