La presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, María Chávez, fue demandada civilmente por el diputado del Partido Panameñista Luis Barría.
En la demanda, por medio millón de dólares, se menciona que Chávez señaló el lunes 6 de febrero de 2017 en TVN que Barría está vinculado a “concesiones” mineras en Panamá norte y que tiene ciertos intereses en la creación de un nuevo distrito en esa zona.
“Tenemos entendido que el señor Barría está buscando una alcaldía. Es una presunción que tenemos, una alcaldía de un nuevo distrito que es Panamá Norte”, cita la demanda respecto a los señalamientos de la activista sobre el diputado.
A raíz de esto, los representantes legales del servidor público indicaron que esas declaraciones son “falsas” y un atentado al “honor” de Barría.
Por su parte, la presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá señaló que la demanda es una forma de “intimidación” contra representantes y organizaciones de la sociedad civil.
Al mismo tiempo, precisó que tanto los servidores públicos como los diputados están sometidos al escrutinio de la ciudadanía. “También es un ataque contra la libertad de expresión por parte de un funcionario”.
Sobre esta polémica, Magaly Castillo, representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, subrayó que son “inquietantes” las demandas que se están reportando contra activistas, sobre todo en la ciudad de Panamá, por expresarse contra proyectos.
“Esto afecta de alguna manera a las organizaciones y esperamos se legisle sobre este asunto”, manifestó.
A su vez, sostuvo que en lugar de demandar o denunciar, un servidor público lo que debe hacer en este tipo de casos es rendir cuentas.
Mientras, Querube Henríquez Urieta, abogada de Barría, explicó que procedieron a interponer la demanda porque consideraron que se hicieron acusaciones de carácter muy delicado. “Es una demanda por daños y perjuicios”, acotó.
Además, la abogada opinó que no se puede estar realizando ese tipo de aseveraciones sin sustento.
La semana pasada le fueron secuestrados los bienes al presidente de la Asociación de Residentes de Albrook, Max Crowe, después de una acción legal que emprendieran en su contra los dueños de una escuela privada de la zona.
