Legisladores opositores anunciaron que comenzarán mañana martes un proceso para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que se atribuyeron las competencias de la Asamblea Nacional y avivaron las tensiones políticas en este país sudamericano marcadamente dividido.
“El proceso de remoción es necesario y va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional”, dijo el diputado Juan Miguel Matheus ayer, que argumentó que, pese a que el Tribunal Supremo suprimió parte del contenido de las sentencias y revirtió la decisión que limitaba la inmunidad de los diputados, “eso no los exime de la falta cometida en desmedro de la Constitución”.
Sin embargo, eso no necesariamente ocurrirá, puesto que la Defensoría del Pueblo y otras instancias del poder ciudadano facultadas para obrar al respecto de manera colegiada, son señaladas de estar controladas por el oficialismo —situación que aleja la posibilidad de que los magistrados sean apartados de sus cargos.
Las sentencias del Tribunal Supremo desataron, además, una oleada de críticas a nivel internacional y llevaron a la OEA a convocar a una sesión extraordinaria el lunes del Consejo Permanente para evaluar la crisis venezolana.
“El Gobierno quiere hacerle creer al mundo que ellos dieron marcha atrás y regresaron las competencias a la Asamblea. Esa es una farsa. El hecho es que los magistrados atentaron contra la independencia de poderes, violaron la Constitución y en Venezuela sigue persistiendo el golpe de Estado”, manifestó.
Pese a la “revisión” de las dos sentencias, en la práctica la Asamblea Nacional “sigue privada de sus funciones” por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con mayoría opositora en 17 años, resaltó el diputado.
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo “independiente” y se retiren las 56 sentencias emitidas contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
Los críticos del Gobierno sostienen que se mantiene “el desconocimiento” del Congreso, puesto que los magistrados insistieron el pasado sábado en que la Asamblea debe someterse a los dictámenes del Tribunal por estar en “desacato” y al parecer siguen vigentes los poderes plenos otorgados a Maduro, entre los que destacaba la facultad de crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno de los legisladores. Durante su programa dominical, Maduro admitió que se generó un impasse, pero que se superó en pocas horas.
En una rueda de prensa, luego de un encuentro con legisladores, Román Duque, exmagistrado del máximo tribunal, explicó que las sentencias aclaratorias de la Corte se dieron horas después de que Maduro pidió a esa instancia revisar sus decisiones —luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que eran violatorias de la Constitución y representaban una “ruptura del orden constitucional”— y en consecuencia “se evidencia una violación de la Constitución y la sujeción del Tribunal Supremo ante el Ejecutivo”.
Los magistrados “corrigieron [las sentencias] por petición de un órgano gubernamental... el mejor reconocimiento público de la responsabilidad penal de los siete magistrados que integran la Sala Constitucional”, aseveró Duque.
“Si no renuncian estos magistrados, la fiscal general... tiene la obligación, como miembro del Consejo Moral Republicano, de solicitar la calificación de las faltas de los magistrados como causales de remoción de sus cargos”.